Tratando de poner paz, el Vicario del Convento ordenó que dos frailes y dos naturales sacaran en procesión a la Virgen; mas, cuando llegaron a la puerta de la Iglesia, el iracundo Trujillo de la Coba volvió con los suyos a la carga, apaciguándose sólo por temor a la excomunión. Pero su calma fue sólo momentánea pues, cuando ya la procesión tenía recorrido un buen trecho, él y los suyos acometieron nuevamente contra los portadores, no sólo injuriándolos y afrentándolos por su origen, sino atacándolos de tal forma que en la «refriega les destrozaron sus capas y ferreruelos». Estos actos hicieron que los fieles así hostigados se «amotinaran», rompiéndose las andas en la revuelta.
Como resultado de todo ello, Pedro Hernández, Diego Díaz de Vera, Francisco Fernández y Hernando Baute, en representación de los demás naturales, por medio del Ldo. Borrero (abogado) y del Procurador Diego de Peñafiel, presentaron una querella criminal y demanda de amparo de posesión, «por ser caso de Corte, pues se querellaban de la Justicia y Regimiento de Tenerife».
Admitida la demanda, se falló en los siguientes términos:
