El Gobierno rechaza la demolición de la Biblioteca Pública de Las Palmas por el interés social y cultural
La consejera de Cultura informó en sede parlamentaria que «se valoró la vía de personarse en el proceso aunque ya no era posible en vista a que se había producido una sentencia firme»
La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, informó en sede parlamentaria sobre la posición del Gobierno de Canarias ante la sentencia del TSJC que obliga al derribo de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria y, en consecuencia, sobre las actuaciones para evitar su ejecución.
La titular de Cultura manifestó en primer lugar que el Gobierno no tiene responsabilidad alguna y no ha sido parte en todo este proceso, «pero rechaza la demolición por el interés social y cultural que significa esta infraestructura que no olvidemos gestiona esta consejería. De hecho, se valoró la vía de personarse en el proceso aunque ya no era posible en vista a que ya se había producido una sentencia firme».
Inés Rojas valoró el importante papel social y cultural que desarrolla este espacio y se remitió a los datos: «La Biblioteca Pública de Las Palmas de Gran Canaria dispone de una colección de más de 223.000 documentos. Son socios más de 85.000 ciudadanos de los que en los últimos cuatro años 26.000 han sido activos. Este servicio público ha registrado una media de más de 425.000 visitas anuales en los últimos cuatro años. Ha realizado, hasta la fecha, más de 180.000 documentos anuales de préstamos. En 2013 se realización más de 78.000 conexiones gratis a Internet (sin contar los accesos por wifi, que es abierto) Se han realizado una media de 320 actividades al año».
Rojas abundó en la importante transformación de la dinámica de estos espacios culturales, en estos años de crisis, porque también acogen a quienes se encuentran sin empleo. Allí consultan ofertas, tanto en la prensa como a través de Internet, pueden efectuar trámites on line, sin dejar de lado el acercamiento a la lectura.
Los datos indican que la afluencia a los centros de lectura sigue creciendo. Según la Federación de Gremios de Editores de España, el 30,1% de la población, acudió en 2012 a alguna biblioteca, dos puntos porcentuales más que en 2011. Dentro de ese porcentaje el 87,9 % acudió a una pública, el 16,1% a una universitaria y solo el 3,7% a una escolar.
Sin embargo, y a pesar de que todos los colectivos culturales se han posicionado contra la demolición, priorizando el interés general y de servicio público que se debe centrar en salvar un edificio de alto valor cultural y social y que, además, se ha convertido en uno de los referentes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nos cabe esperar el amparo del Tribunal Constitucional para no perder una infraestructura cultural de primer nivel, muy necesaria en estos momentos y con estas circunstancias. El derribo perjudicaría de forma irreparable a los miles de usuarios de la Biblioteca, al mundo de la cultura y a la propia ciudad, concluyó Inés Rojas.
