Vox y Cs ven delito de revelación de secretos en la supuesta filtración a ERC del informe de la Abogacía del Estado
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ya ha registrado en el Congreso una pregunta al respecto
Vox y Ciudadanos han advertido este lunes que «de haberse filtrado» el informe de la Abogacía del Estado a ERC por parte del Gobierno en funciones se puede hablar de «una evidente prevaricación a la vista del contenido del informe» y «un delito de revelación de secretos e informaciones».
La secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, ha dicho en una entrevista a esRadio que Vox ha activado los mecanismos necesarios para conocer las responsabilidades en que se hubieran podido incurrir, «si es cierto que se han producido injerencias e intentos de modificación de los criterios técnicos-jurídicos de los abogados del Estado».
Olona ha resaltado que Vox está dispuesto a llegar «hasta las últimas consecuencias en los tribunales de justicia para depurar todas las responsabilidades que procedan, sea de quien sean».
A su juicio, las supuestas filtraciones del informe sobre la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras, proceden de «fuentes internas de la Abogacía del Estado porque son datos que se conocen internamente». Además, ha remarcado que dichas filtraciones «no han sido desmentidas» por parte de la Abogacía.
Cs registra una pregunta en el Congreso
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y exabogado del Estado, Edmundo Bal, quien ha calificado de «verdaderamente grave» la supuesta filtración y ha confirmado que estudia denunciarlo en los tribunales.
Según ha podido saber TVE, el Grupo Parlamentario Ciudadanos -al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara- ha presentado ya una pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito sobre las posibles filtraciones efectuadas por el Gobierno en favor de Esquerra Republicana.
El partido ‘naranja’ estudia presentar una demanda por los posibles «delitos de descubrimiento y revelación de secretos o, cuando menos, en la infidelidad de la custodia de documento público, puesto que los funcionarios públicos tienen obligación de guardar sigilo respecto a las informaciones y escritos de su actividad profesional».
Para Bal es «un hecho denunciable» que el Gobierno haya facilitado supuestamente el escrito y ha subrayado que se remite a lo publicado por los medios de comunicación . Además, ha acusado a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, de «decir públicamente que se había comunicado elementos esenciales» del escrito de la Abogacía a ERC, partido que había demandado este gesto para apoyar con su abstención la investidura de Sánchez.
«No se pueden adelantar escritos que se van a presentar a la otra parte», ha insistido Bal, que se ha remitido al estatuto del funcionario público tras insistir en que «conocía los hechos a través de los medios de comunicación».
