Visto para sentencia el juicio interpuesto por las mujeres por negarles la entrada en la Esclavitud del Cristo de La Laguna
El grupo demandante lamenta la discriminación de la mujer por parte de los responsables de la Institución lagunera
La institución lagunera, bajo el mandato de Francisco José Doblas González de Aledo, se ha visto envuelta en polémicas contínuas en los últimos años, una institución que ha sido durante siglos de un comportamiento ejemplar.
Con gran despliegue de medios se celebró en la mañana de este lunes el juicio para la incorporación de la mujer a la Esclavitud del Cristo de La Laguna, en el que se juzgó a esta institución por posibles delitos de discriminación de género y decisiones contrarias a la Constitución española y a las leyes de igualdad vigentes, quedando visto para sentencia.
La portavoz de las denunciantes, Teresa Lobarda, argumentó que «nacer mujer no es más que un hecho biológico y no tienen por qué discriminarnos». Por su parte, la abogada de la acusación particular, Andrea Cáceres, explicó que «se da la circunstancia de que hay muchas mujeres familiares de hombres que son parte de la Asociación y viven la misma fe que su marido, por ejemplo, pero no pueden participar en esos actos por el hecho fisiológico de ser mujer».
El 19 de diciembre fue la primera vez que la cofradía votó permitir o no que las mujeres salieran en procesión junto al resto de los integrantes varones de la Esclavitud. El rechazo a la integración y a la petición de modificación de los estatutos adaptándolos a la Constitución española y a la Ley de Igualdad motivó la denuncia de un grupo de mujeres católicas.
Desde la Esclavitud piden la desestimación íntegra de la demanda y defienden que «es la Junta General, y solo la Junta General [de la Esclavitud], a la que le corresponde tomar estas decisiones», a la vez que «niegan que haya vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, sostienen que el Derecho Canónico, así como el acuerdo entre España y el Vaticano (el denominado “Concordato”), son por los que se debe regir un caso como éste. Sobre ese acuerdo dicen que reconoce el derecho de la Iglesia «a organizarse de forma libre».
El abogado del Obispado expresó que esta institución se allana a la demanda y apunta que la Diócesis no pondrá «ningún inconveniente a ninguna reforma estatutaria». «La postura del Obispado es la no discriminación», insiste.
