Unid@s se puede se reitera en sus denuncias sobre la gravedad de la situación de morosidad del Ayuntamiento de La Laguna

 

Dos informes de intervención dirigidos a la Junta de Gobierno y posteriormente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los meses de noviembre y diciembre de 2016 alertan de las consecuencias por el grave incumplimiento del pago medio a proveedores (PMP)

José Luis Hernández, portavoz de Unid@s se puede en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, viene denunciando esta situación y en el pleno ordinario de enero formuló una pregunta a Candelaria Díaz, responsable de hacienda del Ayuntamiento, requiriendo información sobre las medidas que se estaban adoptando para atajar este “gravísimo problema”.

La situación del PMP, que por ley no puede exceder de los 30 días, en La Laguna el 2016 ha sido la que recoge este cuadro:

enero  febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

Septiemb.

octubre noviembre

76,27

74,28

73,25

77,68

74,16

76,89

95,15

96,15

95.50

98,21

55,35

Según el concejal de Unid@s se puede: “El Ayuntamiento de La Laguna, como consecuencia de todo esto y de un cuadro parecido durante 2015, debería tener activado un Plan de Tesorería de forma obligatoria, incluyendo desde enero medidas previstas en el artículo 13 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad y sostenibilidad financiera, que entre otras cosas exige ‘el compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad’”

Unid@s se puede exige que, “de una vez por toda el grupo de gobierno tome conciencia de la gravedad de un problema que está lastrando las finanzas municipales, impidiendo que los remanentes de tesorería se puedan usar en inversiones en bienes y servicios necesarios para el bienestar de la ciudadanía lagunera y en la creación de empleo y que puede llevar a una intervención directa del pago a los proveedores ante la manifiesta incapacidad del Ayuntamiento para hacerlo”.

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