Unidas se puede propone crear un consorcio público para garantizar una gestión integral del patrimonio histórico lagunero
La moción que se llevará al Pleno plantea iniciar el proceso para la creación de un consorcio específico que refuerce la protección, rehabilitación y uso social del caso histórico como Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Unidas se puede llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de La Laguna una moción para iniciar formalmente el proceso de creación de un Consorcio de Gestión del Patrimonio Histórico, con el objetivo de dotar al municipio de una herramienta estable, eficaz y coordinada para la protección y revitalización de su casco histórico como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La iniciativa, registrada por el concejal Saúl Alberola, parte de la constatación de que más de veinticinco años después de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el municipio afronta nuevos retos estructurales que exigen actualizar el modelo de gestión patrimonial. Entre ellos, la necesidad de rehabilitar inmuebles históricos, garantizar el derecho a la vivienda en el casco, frenar procesos de degradación o turistificación y mejorar la coordinación entre administraciones.
Desde la formación subrayan que el patrimonio histórico no puede entenderse únicamente como un conjunto de edificios a conservar, sino como un bien común vivo, estrechamente vinculado a la vida vecinal, la actividad cultural, el comercio de proximidad y la identidad colectiva de la ciudad. «Cuidar el patrimonio también es cuidar que el casco histórico siga siendo un espacio habitado, accesible y socialmente dinámico», señala el concejal.
La moción pone el foco en las limitaciones del modelo actual, basado fundamentalmente en la gestión directa municipal y en órganos de carácter consultivo. Si bien Unidas se puede valora positivamente la existencia del Consejo Municipal de Patrimonio como espacio de participación social, considera que su naturaleza consultiva no es suficiente para afrontar los desafíos ejecutivos y de gestión que requiere una Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el contexto actual .
Por ello, la propuesta plantea iniciar un proceso ordenado y participativo para la creación de un consorcio público, una figura jurídica ya utilizada con éxito en otras Ciudades Patrimonio del Estado, que permite articular la colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado. Este instrumento facilitaría la coordinación interadministrativa, el acceso a financiación específica y una mayor agilidad en la ejecución de proyectos de rehabilitación y conservación.
Para Alberola, el debate va más allá de una cuestión organizativa: «El patrimonio de La Laguna necesita una estructura a la altura de su valor y de los retos que afronta. Un consorcio no es una cesión de responsabilidades, es una forma inteligente de sumar capacidades, asegurar recursos y dar continuidad a las políticas patrimoniales más allá de los ciclos políticos».
La moción establece, además, un calendario concreto. En un plazo máximo de seis meses, el área municipal competente deberá elaborar un informe jurídico-técnico que analice la viabilidad, el alcance, las funciones y el modelo de gobernanza del futuro consorcio, tomando como referencia experiencias similares en otras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Paralelamente, se propone abrir contactos formales con el Gobierno de Canarias y el Estado para explorar su participación.
Unidas se puede insiste en que el futuro consorcio debe regirse por principios claros: protección integral del patrimonio, rehabilitación con criterios de uso social y habitabilidad, sostenibilidad, seguridad jurídica, transparencia y participación ciudadana. En este sentido, la moción garantiza explícitamente la continuidad y el refuerzo del Consejo Municipal de Patrimonio, que seguirá siendo el espacio de participación social, en coordinación con el nuevo ente gestor.
«El objetivo no es sustituir la participación, sino complementarla con una estructura ejecutiva capaz de convertir los acuerdos, diagnósticos y consensos en actuaciones reales», añadió Alberola. «No podemos permitir que la complejidad administrativa siga siendo una excusa para la inacción o el retraso».
Desde el espacio político consideran que el momento actual, superado ya el 25 aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es una oportunidad política y simbólica para abrir una nueva etapa en la gestión del casco histórico. Una etapa que permita proteger el valor universal excepcional de La Laguna, cumplir con las recomendaciones de la UNESCO y, al mismo tiempo, garantizar que el patrimonio siga estando al servicio de la vida cotidiana de la ciudad.
