El movimiento solidario con el Sahara «lamenta y condena» las ayudas del Cabildo para la instalación de empresas isleñas en el territorio
Como la Unión Africana recuerda en su último dictamen jurídico, la explotación de los recursos saharauis por empresas extranjeras es «contraria a la Carta de las Naciones Unidas» e «ilegal»
La Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) condenó hoy la iniciativa de la Cámara de Comercio de la provincia y del Cabildo de Tenerife para fomentar la instalación de empresas canarias en la capital del Sahara Occidental, El Aaiún, con ayudas económicas para participar en la «la misión de prospección a El Aaiún, que se desarrollará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016».
«El destino es interesante para todas las empresas canarias que quieran ofertas sus productos o servicios, entre los que se incluye las actividades relacionadas con la pesca, el sector de la alimentación y la construcción, así como el desarrollo urbanístico», explica la entidad cameral en su convocatoria.
ACAPS y el movimiento solidario en Tenerife, ante la aparición de la noticia de que «La Cámara y el Cabildo (de Tenerife) ayudarán económicamente a las pymes que participen en las misiones comerciales a Cabo Verde y El Aaiún», Sahara Occidental, lamenta y condena que instituciones y entidades públicas tinerfeñas colaboren a perpetuar y den carta de legalidad a la dramática ocupación que sufre el Pueblo Saharaui desde 1975 a través de iniciativas como ésta.
La organización también advierte a empresas y organismos de que Marruecos solo busca utilizar a dichas empresas y entidades para sus propios fines, que, en el caso del Sahara Occidental, solo son consolidar la ocupación y explotación ilegal del territorio y sus recursos y, por lo tanto, su actividad podría ser considerada «contraria a la Carta de las Naciones Unidas» e «ilegal».
El dictamen jurídico de la Unión Africana al respecto publicado el 14 de octubre de 2015 hace un llamamiento a los Estados miembros de Naciones Unidas que dice que “Marruecos y cualquier otra entidad deberían ser considerados responsables de los acuerdos o contratos celebrados para la exploración y/o explotación de los recursos naturales renovables o no renovables en el territorio de Sahara Occidental y deberían asegurar que todos los beneficios se dirijan al pueblo del Sahara Occidental, de conformidad con el Derecho Internacional”.
Y estima que “cualquier exploración y explotación de los recursos naturales renovables o no renovables por parte de Marruecos, cualquier otro estado, grupo de estados o empresas extranjeras en el Sahara Occidental, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional consuetudinario y por lo tanto ilegal, ya que viola el Derecho Internacional”.
Y más cercano aún en el tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), un comité de la ONU experto en derechos humanos, en su último informe publicado el 4 de noviembre de 2016, publicado inicialmente en francés bajo el título de «Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc» (observaciones finales relativas al sexto informe periódico sobre Marruecos), vuelve a insistir en que «El estado parte (en referencia a Marruecos) debería reforzar el proceso de consulta con el pueblo del Sahara Occidental con vistas a obtener su consentimiento, previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo y de operaciones extractivas (de los recursos naturales)».
