​Durante su participación en la mesa redonda Justicia y terrorismo: el papel de la Administración en la construcción de un relato basado en la dignidad, el ministro ha señalado que de cómo se resuelve la ecuación entre relato y dignidad depende la clase de sociedad que seamos. Ha añadido que hay intentos de forzar el relato de lo ocurrido haciendo que la agresión no se detenga «en el chantaje, el secuestro o el asesinato, sino que se prolongue en un intento de proyectar en el debate público una determinada versión exculpatoria del terrorista e incriminatoria de la víctima».

«Lo que aquí ha ocurrido -ha afirmado- es que un grupo de personas ha tratado de imponer sus ideas por la vía del asesinato y la extorsión sobre aquellos que pensaban de un modo diferente, y además lo han hecho en un sistema democrático donde existen medios muy distintos de defender las propias convicciones. Restituir esa verdad evidente, pero discutida por ese ámbito, es una obligación del propio sistema democrático, y por supuesto de las instituciones que lo vertebran.»

Algo muy relacionado con la labor desarrollada por la Oficina de Asistencia e Información a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, galardonada este año por COVITE.

Tras destacar el compromiso firme del Gobierno en seguir combatiendo el terrorismo, el ministro ha explicardo algunos aspectos de la reforma del Código Penal relativos a terrorismo, como que se desvincula el delito de la existencia de organización o grupo terrorista para dar una mejor respuesta al yihadista. Se ajustan las sanciones a las previsiones de la normativa europea y se prevén penas de prisión permanente revisable cuando el autor cause la muerte de una persona.

Se elevan las penas para el tipo básico del delito de enaltecimiento del terrorismo y se incorporan subtipos agravados cuando se realice a través de un medio de comunicación social o de las tecnologías de la información. El castigo se extiende a la difusión de mensajes o consignas que promuevan la comisión de delitos de terrorismo, a fin de perseguir conductas que con frecuencia se producen a través de páginas web para apoyar la actividad terrorista o incitar a participar en conflictos armados.

También se incluye la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbitos docentes, a fin de evitar que personas condenadas por terrorismo puedan acceder a funciones de este tipo.

Catalá ha recordado que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un cauce legal para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, ha expresado su deseo de que el alto tribunal resuelva sobre la excarcelación de miembros de ETA por la acumulación de las condenas dictadas en Francia, en el mismo sentido que lo hizo la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se negó a hacerlo.