El juez Pedraz rechaza imponer medidas cautelares a Brahim Gali y le pide estar localizable
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones en las querellas contra el líder del Polisario, Brahim Gali, y ha descartado enviarle a prisión, aunque sí le ha pedido estar localizable.
Gali ha prestado este martes declaración por primera vez por las causas en las que se le acusa de torturas y genocidio. El líder del Polisario ha comparecido por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño, en el que lleva ingresado más de un mes tras entrar a España desde Argelia para ser tratado de COVID-19. Es la primera vez que un magistrado de la Audiencia consigue tomarle declaración desde la presentación de las querellas.
El ingreso del líder saharaui en España ha provocado una crisis con Marruecos que ha derivado en una entrada masiva de marroquíes y migrantes de otros países en Ceuta. Rabat exige que Madrid aclare su postura sobre el Sáhara Occidental y ha advertido que la crisis no se cerrará con la salida de Gali de España.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado de «inadmisible» que Marruecos justifique el «ataque de fronteras» por desavenencias en política exterior.
No hay riesgo de fuga
Pedraz considera que no hay motivos que justifiquen medidas tan gravosas como las solicitadas por las acusaciones (prisión preventiva y retirada del pasaporte) y finalmente ha optado por seguir el criterio de la Fiscalía, que había pedido que Gali aportase un domicilio y un teléfono para estar localizable.
El juez no ve «riesgo de fuga alguno» porque «no consta» ningún dato «para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración».
Señala además que la acusación «no ha suministrado elementos siquiera indiciarios» que avalen «la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno», dado que las declaraciones de testigos prestadas hace años «no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado».
Acusaciones de torturas y genocidio
El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarado por dos querellas. La primera es la interpuesta por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica, que denuncia presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019 por parte de militares del Polisario.
La segunda querella es la impulsada en 2008 por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), reabierta hace unas semanas, que pide investigar el trato sufrido en Tinduf «por los prisioneros de guerra» y por ciudadanos saharauis, «especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario».
Asadeh acusa al Pollisario de crimen de lesa humanidad por «retener contra su voluntad a miles de saharauis (…) con la complicidad de las autoridades de Argel».
