Crisis migratoria, repartos y demagogia política, por Juan Pedro Amador Duque
La llegada de numerosos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados al Archipiélago bajo el nuevo acrónimo NNAMNA ha desatado una crisis humanitaria preocupante por el colapso de los centros de acogida. La dimensión de este fenómeno se ha ido agravando progresivamente tras salir a la palestra las pésimas condiciones en las que se hallan los menores migrantes: hacinamiento, precarias instalaciones, falta de recursos, conductas inapropiadas por parte de algunos educadores, etc.
El pasado 2 de julio, Lanzarote declaró la emergencia social al verse desbordada por la presión migratoria y días después el gobierno canario hacía lo propio, exigiendo al Estado su firme compromiso para afrontar este drama humanitario. Y es que nuestra comunidad tutela en torno a 5.700 menores migrantes, motivo que ha propiciado que Canarias haya puesto el grito en el cielo, apelando a un necesario y justo reparto entre las diferentes CC.AA.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife entre Estado y Autonomías ha posibilitado una nueva distribución de 400 niños y niñas, un acuerdo que a pesar de la abstención de Cataluña pretende así demostrar el principio de solidaridad territorial con Canarias, lugar que por su posición geográfica absorbe una gran masa migratoria. Sin embargo, este compromiso podría resultar insuficiente e ineficaz si a corto plazo no se materializan políticas efectivas que reviertan la situación actual, máxime cuando se pronostica que hasta fin de año podrían arribar a las costas y muelles canarios más de 50.000 nuevos migrantes. De ahí que la mayoría de los intervinientes autonómicos en la sectorial hayan expresado la imperiosa necesidad de que el Estado desempeñe un papel más activo en política migratoria en términos de planificación y financiación, sin olvidar la implicación de la UE y el minucioso estudio para la modificación de la Ley de Extranjería.
Al mismo tiempo, este desafío humanitario ha desencadenado una tormenta política en el panorama nacional, concretamente en el seno de las autonomías gobernadas por el PP de la mano con VOX. La formación de Abascal ha dinamitado los pactos regionales contraídos con los populares tras los comicios autonómicos de 2023, alegando que el PP al aceptar la acogida de esos menores se ha doblegado al presidente Sánchez. En Génova poco o nada parece preocuparle a la dirección nacional las palabras de la extrema derecha, cuyos líderes territoriales pasarán a gobernar en minoría. De esta manera se refuerza la figura de Feijóo, el PP se revitaliza y satisfacción para la presidenta extremeña, María Guardiola, reticente desde el inicio de la legislatura al pacto con la formación ultraderechista donde su consejero del Mundo Rural, Ignacio Higuero de Juan, se ha desvinculado de VOX.
Lo cierto es que conforme transcurre el tiempo la podredumbre moral de los de Abascal ante el discurso migratorio va in crescendo en el plano político y, por ende, se traduce en la más absoluta indiferencia e insolidaridad con un territorio insular y fragmentado que está siendo frente por sí solo a esta cruda realidad. La ultraderecha da lecciones y presume de patriotismo a la vez que manifiesta conductas de deslealtad con asuntos transcendentales de Estado. Todo un ejercicio de demagogia.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de juicios de valor infundados, torticeros debates y propuestas a modo de ocurrencia como el despliegue de las Fuerzas Armadas para la defensa de las fronteras que ha suscitado gran revuelo mediático. Mientras tanto, la ruta atlántica continúa cobrándose vidas con tres fallecidos en apenas cinco días tras la llegada de dos pateras a las islas de El Hierro y Tenerife. En definitiva, una crisis migratoria que requiere la puesta en marcha de acciones entre las instituciones españolas y europeas que deben preservar en todo momento la dignidad de las personas migrantes y no ser tratadas como mera mercancía.
Juan Pedro Amador Duque
