La Laguna: La dignidad de nuestros difuntos no puede depender de la burocracia ni del dinero de sus familias. Por José Luis Yanes Pérez

El cementerio de San Luis, la ausencia de un crematorio municipal, la saturación de otros camposantos y la polémica por las exhumaciones ponen de manifiesto la necesidad de exigir al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna una política funeraria que garantice la dignidad de los fallecidos, el respeto a sus familias y unos servicios públicos accesibles para toda la ciudadanía.

Hay momentos en la vida en los que una administración pública debería demostrar, más que nunca, su sensibilidad, responsabilidad y compromiso con las personas. Uno de esos momentos llega cuando una familia pierde a un ser querido. En circunstancias tan dolorosas, el sufrimiento por la pérdida ya es suficientemente grande como para tener que afrontar, además, preocupaciones económicas, dificultades administrativas o incertidumbre sobre los servicios funerarios disponibles. Por ello, las instituciones públicas tienen la obligación moral y administrativa de facilitar estos procesos, ofreciendo información clara, alternativas dignas y una atención verdaderamente humana.

San Cristóbal de La Laguna, municipio histórico y ciudad Patrimonio de la Humanidad, debe preguntarse seriamente si está ofreciendo a sus vecinos los servicios funerarios que necesitan y merecen. Esta reflexión resulta especialmente necesaria cuando observamos la situación de algunos cementerios municipales, las necesidades de ampliación de sus instalaciones, la ausencia de una alternativa pública de cremación y las controversias relacionadas con determinados procedimientos de exhumación. Son cuestiones que no deberían abordarse de manera aislada, sino como parte de una política municipal integral, planificada y sensible a las necesidades de la población.

Uno de los principales puntos de atención debe ser el cementerio municipal de San Luis, una instalación de referencia para numerosas familias laguneras. En este recinto resulta necesario abrir un debate público sobre la conveniencia de disponer de un crematorio municipal que permita ofrecer una alternativa digna, accesible y económicamente razonable. La cremación ha dejado de ser una práctica excepcional y cada vez son más las personas que la eligen por voluntad propia, por razones familiares, personales o económicas. Ante esta realidad, cabe preguntarse por qué un municipio de la importancia de La Laguna no ha impulsado una alternativa municipal que permita reducir la dependencia exclusiva de los servicios privados.

No se trata de cuestionar la actividad de las empresas funerarias privadas, cuya función es legítima y necesaria, sino de defender el derecho de la ciudadanía a disponer de diferentes opciones. La capacidad económica de una familia no debería condicionar de manera determinante la forma en que puede despedir a sus seres queridos. Por ello, el Ayuntamiento debería estudiar con rigor la viabilidad de instalar un crematorio municipal en San Luis, teniendo en cuenta las condiciones urbanísticas, ambientales, sanitarias y técnicas, así como la demanda real de este servicio. Si su instalación no resultara viable en dicho emplazamiento, también deberían analizarse otras ubicaciones o fórmulas de prestación pública o concertada que garanticen precios razonables y condiciones transparentes.

La ausencia de una alternativa municipal de cremación merece, como mínimo, una explicación pública y un estudio de soluciones. No parece razonable que las familias tengan que afrontar situaciones de incertidumbre económica sin conocer qué posibilidades existen para mejorar el acceso a estos servicios. La muerte de un familiar no puede convertirse en una carga económica desproporcionada, especialmente para los hogares con menos recursos. Una administración comprometida con el bienestar social debe preocuparse también por las circunstancias en las que sus ciudadanos afrontan el último adiós.

A esta cuestión se suma la situación de otros cementerios del municipio, especialmente los de Tejina y Valle de Guerra, donde la elevada ocupación ha puesto de manifiesto la necesidad de una planificación funeraria a largo plazo. En junio de 2024, el propio Ayuntamiento reconoció que ambos recintos superaban el 90 % de ocupación. Posteriormente, en agosto de 2026, anunció la contratación de obras para habilitar 120 nuevos nichos osarios en Valle de Guerra, con una inversión de 57.891 euros. Estas actuaciones son necesarias para atender las necesidades existentes, pero también deberían servir para reflexionar sobre la importancia de anticiparse a los problemas antes de que la falta de espacio obligue a adoptar soluciones urgentes.

En el caso del cementerio de San Luis, el Ayuntamiento ya había anunciado en 2023 un proyecto de ampliación de 480 nichos, con un presupuesto de 303.233 euros. Ante estas inversiones, surge una pregunta legítima: si se destinan recursos públicos a incrementar la capacidad de enterramiento, ¿por qué no abordar también un estudio serio sobre la implantación de un servicio municipal de cremación? La construcción de nuevos nichos puede resolver necesidades inmediatas, pero no sustituye la obligación de diseñar una política funeraria integral que contemple la evolución demográfica, las preferencias de las familias, la disponibilidad de espacios y la sostenibilidad económica de los servicios.

Otro asunto especialmente delicado es la controversia surgida en noviembre de 2025 a raíz de las denuncias sobre exhumaciones presuntamente realizadas sin la debida comunicación a determinadas familias. La oposición municipal cuestionó los procedimientos empleados, mientras que el Ayuntamiento defendió la legalidad de sus actuaciones y aseguró haber realizado las notificaciones correspondientes. La polémica afectó especialmente al cementerio de San Luis, donde se concentraba una parte importante de las unidades funerarias cuyas concesiones habían vencido. Se trata de una cuestión que exige prudencia, respeto a todas las partes y, sobre todo, transparencia institucional.

No corresponde presentar como demostradas unas irregularidades que deben ser debidamente acreditadas. Sin embargo, sí resulta legítimo exigir que cualquier procedimiento relacionado con la exhumación o el traslado de restos humanos se realice con las máximas garantías legales, administrativas y humanas. Aunque determinadas comunicaciones mediante anuncios oficiales puedan ajustarse a los procedimientos establecidos, cuando se trata de restos mortales debería procurarse, siempre que sea posible, una información individualizada, comprensible y verificable para los familiares afectados. El cumplimiento formal de un trámite no debería ser el único criterio para valorar la calidad de la actuación administrativa.

Detrás de cada nicho existe una persona fallecida, una historia familiar, recuerdos y sentimientos que merecen consideración. Para muchas familias, el lugar donde descansan sus seres queridos representa un vínculo emocional profundo que permanece durante generaciones. Por ello, cualquier decisión que afecte a esos espacios debe gestionarse con especial sensibilidad, evitando que los ciudadanos se sientan desinformados o desprotegidos. La gestión de un cementerio no puede limitarse a recuperar unidades funerarias, tramitar expedientes administrativos o cumplir plazos legales. También debe incorporar el respeto, la cercanía y la empatía como principios fundamentales de una buena administración pública.

Todas estas circunstancias deberían llevar al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a impulsar una revisión profunda de su política funeraria municipal. Es necesario conocer la situación real de los cementerios, las previsiones de ocupación para los próximos años, las inversiones necesarias, los procedimientos de comunicación con las familias y las alternativas existentes para facilitar servicios funerarios económicamente accesibles. También sería conveniente promover mecanismos de participación ciudadana que permitan escuchar a los vecinos y conocer directamente sus preocupaciones y propuestas.

La Laguna no puede limitarse a reaccionar cuando aparecen problemas de saturación, controversias administrativas o nuevas necesidades de infraestructura. Un municipio de su importancia debe contar con una planificación seria, transparente y a largo plazo, capaz de anticiparse a las demandas de la población y de garantizar que todas las familias reciban un trato digno, independientemente de su situación económica.

La dignidad de las personas no termina con la muerte, ni la responsabilidad de las administraciones públicas desaparece cuando una familia pierde a uno de sus miembros. Precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad es cuando las instituciones deben demostrar su verdadera sensibilidad social.

Por todo ello, resulta necesario exigir al Ayuntamiento que estudie la creación de un crematorio municipal, mejore la planificación de los cementerios, garantice la transparencia de los procedimientos de exhumación y refuerce la atención a las familias. No se trata de plantear una crítica por simple confrontación política, sino de reclamar soluciones concretas a problemas que afectan directamente a los ciudadanos.

Porque una ciudad que presume de su historia, de su patrimonio y de su compromiso con las personas también debe demostrar ese compromiso en la manera en que cuida sus cementerios, respeta a sus difuntos y acompaña a las familias en el momento más difícil de sus vidas.