“Las estructuras temporales utilizadas para resguardar los pasos de Semana Santa deslucen el entorno y proyectan una imagen poco acorde con la relevancia histórica y artística del principal templo de la diócesis.”. Foto: Julio Torres

Las recientes maniobras de determinados sectores próximos a la ejecutiva de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna para intentar señalar a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, como supuesta responsable de la situación de almacenaje de los armazones y estructuras de los tronos vinculados a la Catedral, resultan tan injustas como interesadas.

Conviene recordar una realidad que algunos parecen querer borrar del debate público: la responsabilidad sobre el patrimonio, conservación, logística y almacenaje de los bienes pertenecientes a las hermandades y cofradías corresponde, en primer lugar, a las propias hermandades y a la Junta que las representa. No al Ayuntamiento de La Laguna. No al Cabildo Insular de Tenerife. Y mucho menos a los contribuyentes, que bastante tienen ya con financiar servicios esenciales.

La Semana Santa lagunera posee un indudable valor cultural, histórico y tradicional. Nadie discute eso. Pero una cosa es el reconocimiento institucional y otra muy distinta convertir permanentemente a las administraciones públicas en la solución automática de cualquier problema interno de organización o financiación de entidades privadas.

Resulta llamativo que ahora se pretenda trasladar a Rosa Dávila una responsabilidad que nunca ha recaído legalmente sobre el Cabildo Insular. ¿Desde cuándo corresponde a la institución insular habilitar espacios, sufragar infraestructuras o asumir costes derivados del almacenaje de bienes procesionales? Si mañana una asociación cultural, deportiva o vecinal tiene problemas logísticos, ¿también deberá ser el Cabildo quien asuma esos gastos?

La realidad es incómoda para algunos: las hermandades y cofradías son entidades con autonomía propia, con juntas directivas, cuotas, patrimonio, capacidad organizativa y obligaciones. Y precisamente esa autonomía implica también asumir responsabilidades. No se puede reclamar independencia para gestionar tradiciones y patrimonio y, al mismo tiempo, exigir que las administraciones cubran cualquier carencia económica o logística.

Más preocupante aún es observar cómo algunos intentan convertir un problema interno en una batalla política artificial. En vez de buscar soluciones consensuadas, sostenibles y realistas dentro del ámbito de las propias cofradías, se opta por lanzar mensajes interesados para generar presión mediática y colocar a las instituciones públicas como supuestos culpables.

La ciudadanía tiene derecho a preguntarse hasta dónde debe llegar el dinero público. Porque el Cabildo y el Ayuntamiento tienen prioridades mucho más urgentes: carreteras, vivienda, servicios sociales, dependencia, limpieza, seguridad o infraestructuras básicas. Pretender que recursos públicos se destinen a resolver problemas de almacenaje de estructuras procesionales mientras existen necesidades sociales evidentes resulta, como mínimo, discutible.

Eso no significa negar colaboración institucional ni cerrar puertas al diálogo. Las administraciones pueden cooperar dentro de sus posibilidades y competencias, como hacen habitualmente con numerosos colectivos culturales y sociales. Pero cooperación no equivale a obligación. Y mucho menos a aceptar campañas de presión política basadas en responsabilidades que no les corresponden.

Quizá haya llegado el momento de que la Junta de Hermandades y Cofradías haga una reflexión seria sobre su modelo de gestión, planificación y previsión de necesidades futuras. Porque culpar a terceros siempre es más fácil que asumir errores propios, pero rara vez soluciona los problemas de fondo.

La Semana Santa de La Laguna merece respeto, rigor y responsabilidad. Y eso empieza por dejar de buscar culpables externos donde lo que existe, fundamentalmente, es una cuestión de gestión interna.