La Seguridad Social aprueba hasta principios de agosto menos del 1 % de las solicitudes del ingreso mínimo vital
Están admitidas cerca de 4.000 peticiones de prestación de las 700.000 enviadas en total
El Instituto Nacional de la Seguridad Social había aprobado a principios de este mes menos del 1 % de las solicitudes para percibir el ingreso mínimo vital. Apenas 4.000 en toda España.
De acuerdo con la respuesta a una consulta planteada por la Asociación Víctimas del Paro, estaban aprobadas a fecha de 7 de agosto exactamente 3.966 peticiones de prestación de las 700.000 enviadas. A ellas se suman, las 74.100 familias a las que se les reconoció de oficio que percibieran la renta y ya la han cobrado.
El dato del total -700.000 peticiones- lo apuntó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su cuenta personal en Twitter. Contestaba a un usuario que reclamaba más información sobre el estado de las solicitudes para esta renta destinada a personas desempleadas sin ingresos, que se enviaron a partir del pasado 15 de junio, y señalaba un alto porcentaje de errores al presentar la documentación entre las primeras peticiones.
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de mayo esta prestación para los hogares más vulnerables, que cumplía in extremis un compromiso del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. La cuantía oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros dos adultos con tres hijos o tres adultos y dos niños.
Denuncian falta de personal y problemas presupuestarios
El presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, denuncia como posible causa del retraso un «problema presupuestario» y falta de personal en la Seguridad Social para dar respuesta con más celeridad a las solicitudes. «Creemos que es un problema económico. No hay otra explicación, teniendo en cuenta que esas personas no han cobrado siquiera en agosto», ha afirmado.
“A este ritmo de 4.000 cada dos meses no sé cuanto tardarían en llegar a las 800.000 familias”, ha lamentado, haciendo referencia al número de hogares que el Gobierno estima que podrían beneficiarse de la prestación, esto es, aproximadamente 2,3 millones de personas.
Entre ellas está Estefanía López, que solicitó el ingreso mínimo vital a mediados de junio y asegura que cumple todos los requisitos. Todavía no ha obtenido una respuesta. «No saben nada. No hay ningún registro a mi nombre y yo tengo un papel que demuestra que lo he echado. No está ni denegado, ni visto ni nada», ha relatado a TVE.
Otros muchos solicitantes temen que pasados los 90 días se declare el silencio administrativo y no les llegue el ingreso.
El Ministerio alega errores en las tramitaciones
De acuerdo con fuentes del Ministerio consultadas por RTVE, los trabajos iniciales se concentraron en comprobar que 74.000 familias cumplían y podían recibir de oficio esta renta, mientras se recibían las primeras solicitudes. Como Escrivá, señalan errores, duplicidades y falta de documentación que se suma a los problemas para que las oficinas de la Seguridad Social funcionaran de manera normal por los protocolos de seguridad de la crisis sanitaria.
Por su parte, aunque reconocen la posible existencia de errores, desde la Asociación Víctimas del Paro apuntan a problemas de claridad y concisión en el Boletín Oficial del Estado al detallar los documentos necesarios para la solicitud.
Las tramitaciones continúan, asegura el Ministerio, y se ha llegado a acuerdos con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos para que la gestión sea más ágil, pero desde UGT califican la gestión de «caótica» y critican el exceso de requisitos. «El Gobierno ha quedado en resolverlas antes del 1 de septiembre. Yo quiero decirle al Gobierno que las solicitudes de comer no tienen plazos», ha replicado el Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez, quien en una entrevista en RNE ha pedido un «sistema más automático» para que la prestación llegue a las familias.
La solución, según la Asociación Víctimas del Paro, pasa por aumentar el presupuesto, eliminar requisitos y contratar más personal para agilizar el trámite de las solicitudes.
