La justicia alemana deja en libertad bajo fianzaa Puigdemont y descarta el delito de rebelión
La justicia alemana descarta el delito de rebelión. Sin embargo, si acepta el delito de malversación, por el que puede ser extraditado
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en Alemania, ha descartado el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega.
La sala primera de lo penal declara que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española, pero sí cree que puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante y el expresidente catalán esperará su entrega a España, aunque lo hará en libertad.
Sin embargo, la diferencia no es menor, porque el delito de rebelión conlleva penas de hasta 25 años de prisión, y el de malversación, de ocho.
Los jueces alemanes rechazan además que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España, tal y como ha esgrimido la defensa para socavar la solicitud de extradición.
Rechaza la idea de «violencia» en el presunto delito de rebelión
Según apunta, «por motivos jurídicos» no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que «los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí».
A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de «alta traición», no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la «violencia», un punto de vista que sí se ha apreciado en España en el caso de los políticos catalanes procesados por el Tribunal Supremo por este delito.
Esta decisión no sigue el criterio de la Fiscalía General alemana, que el pasado martes respaldó la petición de extradición emitida por el Tribunal Supremo español por los cargos de rebelión y malversación de fondos públicos y consideró también que Puigdemont debía permanecer en la cárcel. La fiscalía alemana entendía que el delito de rebelión que le imputa la justicia española puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.
La percepción de «violencia» en los actos propiciados por la estrategia política independentista en torno al referéndum del 1-O, que para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena justifica la acusación del delito de rebelión a 13 dirigentes independentistas y la prisión provisional para la mayoría de ellos, es de esta manera puesta en tela de juicio por la justicia alemana.
El propio Puigdemont alegó en su primer recurso al Tribunal Supremo que no hubo «ningún tipo de violencia» en la jornada del referéndum ilegal que justifique la acusación de rebelión, sino a lo sumo casos «aislados» de ciudadanos que «pudieron haberse excedido» en su «resistencia pasiva».
En libertad pese a persisitir el riesgo de fuga
La defensa alemana de Puigdemont ha argumentado que el expresidente catalán tenía disposición a colaborar con la justicia alemana, y el propio líder de Junts per Catalunya había manifestado, en una conversación que mantuvo en la prisión de Neumünster con dos diputados del partido de izquierdas Die Linke, que no huiría si el tribunal de Schleswig-Holstein le dejaba en libertad y le obligaba a quedarse en Alemania mientras se resuelve su proceso de extradición.
Aunque el tribunal germano afirma que continúa el riesgo de fuga, considera que al ser «inadmisible» el delito de rebelión dicho riesgo se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con la citada fianza de 75.000 euros.
Puigdemont ingresó en la cárcel de Neumünster pocas horas después de su detención el 25 de marzo tras entrar en Alemania por la frontera con Dinamarca en aplicación de la euroorden que reactivó el juez del Supremo Pablo Llarena, que lleva la causa por el ‘procés’. Al día siguiente a su detención, el juzgado de primera instancia de esa ciudad ordenó que siguiera en esa prisión por riesgo de fuga.
La justicia alemana ha sido la que ha tomado esta decisión, tras más de cinco meses de huida de Puigdemont, que recaló en primer lugar en Bélgica, sabedor de que en este país no existe el delito de rebelión, por el que le reclamaba la justicia española (junto al de sedición y malversación). Al considerar que existía riesgo de que fuera extraditado por delitos menores, el juez Llarena retiró las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los otros exconsejeros huidos el 5 de diciembre, para activarlas de nuevo el 23 de marzo.
