La covid-19 golpea económicamente a las entidades que trabajan con personas con tea, con un sobrecoste de más de 6,2 millones de euros
Un reciente estudio realizado por la Confederación Autismo España, expone los resultados de un análisis exhaustivo, y pone descubierto la necesidad de generar fórmulas que garanticen la continuidad del Tercer Sector
La Confederación Autismo España, publicó el pasado mes de mayo un estudio elaborado con los datos aportados por 80 entidades distintas. En este, se especifica y cuantifica, el incremento de gastos que han afrontado las diversas organizaciones durante la pandemia de la COVID-19.
Esta investigación expone los gastos correspondientes a distintos servicios, pero los de mayor cuantía corresponden al gasto en personal, que supone un total de 235.210,28 euros; al servicio que recibieron las personas con autismo durante el confinamiento, de 579.625,84 euros y, por último, el de limpieza y desinfección que supone un desembolso de 93.130,82 euros. Esto supone una cifra total de 579.625,84 euros. Asimismo, se calcula el gasto total previsto para los meses que quedan de año llegará a los 2.859.090,72 euros. Por otro lado, la cifra se ve incrementada por las adaptaciones que han tenido que llevar a cabo los espacios de los centros de trabajo, con el fin de cumplir con la normativa de seguridad y prevención de la COVID-19. Esto supera los 358.000 euros. También, la adaptación del teletrabajo y del transporte supone un impacto económico sobrepasando la cifra de 305.000 euros y 246.500 euros, respectivamente. A todo esto, hay que incluir también la pérdida de financiación pública, privada y de las cuotas de servicio.
Tras concluir dicho estudio, la confederación alertó de las consecuencias extremas que va a acarrear esta situación: “Estos datos dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a entidades y familias de personas con autismo, pues peligra la sostenibilidad de muchos centros y servicios”. Así, Autismo España solicita a las autoridades estatales y autonómicas, y a la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso, “fondos extraordinarios finalistas para hacer frente al impacto ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19”. Además, exige que los derechos sociales sean considerados como “derechos fundamentales” y que se reconstruya el sistema de financiación del Tercer Sector, mediante fórmulas estables y suficientes, para asegurar que cumple su función esencial para la sociedad.
