Gobierno y autónomos firman un acuerdo «provisional» que abre la puerta a cotizar por ingresos reales
Habrá sanciones por el uso de falsos autónomos, desde 3.216 euros hasta 10.000 euros por trabajador
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha firmado este miércoles con las organizaciones de trabajadores autónomos un acuerdo “provisional” que supondrá amplias mejoras en la protección social de este colectivo a cambio de un alza en la base mínima de 5,36 euros al mes en 2019 y que abre la puerta a cotizar en función de sus ingresos reales a partir del próximo año.
Según ha señalado Valerio, existe un “compromiso” con las asociaciones para que el día 31 de enero se presenten “unos datos provisionales” en los que actualmente trabaja la Tesorería de la Seguridad Social relativos a la cotización por ingresos reales, una medida que ya anunció el presidente del Gobierno durante el pasado mes de octubre.
“Estamos trabajando en un cruce de datos para ver cuáles son los ingresos reales de cada persona”, una tarea “que no es fácil” pero que esperan “tener las conclusiones para el 31 de enero”, ha explicado la ministra.
Hasta entonces, y a partir del 1 de enero, los trabajadores por cuenta propia tendrán acceso a «un verdadero derecho a paro», así como a una cobertura por riesgo profesional, una mejora de las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad, avances en la conciliación y en la protección de las autónomas ante la maternidad y derecho a la formación continua.
De esta forma, “España se incorpora al grupo de mayor cobertura de autónomos junto a Luxemburgo”, ha explicado Valerio, a la vez que este colectivo “contribuye al sistema de Seguridad Social de una manera más equilibrada”.
Multas a falsos autónomos
Magdalena Valerio ha confirmado que el real decreto ley de autónomos que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros también recogerá sanciones por el uso de falsos autónomos, desde 3.216 euros hasta 10.000 euros por trabajador.
La ministra ha explicado se introducirá una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para que, si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta falsos autónomos, se pueda sancionar a cada compañía por cada trabajador que ostente esta situación irregular.
El objetivo es penalizar el falso encuadramiento de autónomos que realmente realizan un trabajo asalariado, así como la “triquiñuela” del trasvase del Régimen General al Régimen de Autónomos, dado que será la primera vez que la base mínima de este colectivo sea inferior a la fijada para el Régimen General, que asciende hasta los 1.050 euros mensuales en 2019.
En este sentido, Valerio se ha mostrado confiada en que esta situación no implique “que alguien esté tentado a partir de ese momento a hacer ingeniería fiscal para declarar menos ingresos para cotizar menos”, y ha advertido que “la infracotización conlleva infraprestación”.
Una subida de 64 euros anuales
Con el fin de sufragar el coste de las prestaciones, el acuerdo establece una subida progresiva de las cotizaciones hasta 2022, situándose en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020 y en el 30,6% en 2021, para terminar en el 31% en 2022.
Así, la base mínima para el próximo año se situará en los 944,35 euros al mes, subiendo la cuota mensual hasta los 283,30 euros al mes, 5,36 euros más que en la actualidad -unos 64 euros más al año-, lejos de las aspiraciones iniciales del Gobierno. Será la primera vez que la base de los autónomos sea inferior a la fijada para el régimen general, que asciende hasta los 1.050 euros mensuales en 2019.
En el caso de los autónomos societarios, la base mínima subirá el próximo año hasta los 1.214,08 euros mensuales y pagarán 364,22 euros al mes, lo que supone 6,89 euros mensuales más -82 euros más al año- que en 2018.
Asimismo la tarifa plana actual de 50 euros al mes subirá hasta los 60 euros, manteniéndose tras los 12 primeros meses las bonificaciones posteriores actuales de la misma.
Paro más accesible
Una de las principales reivindicaciones del colectivo era la mejora en el acceso al cobro del conocido como “paro de los autónomos”. La propia ministra ha asegurado que la medida “no venía dando muchos resultados y los requisitos eran muy complejos” pues de los 140 millones de euros que se cotizaban al año por este tipo de prestación, solo se “repartían en torno a los 15-18 millones”.
Hasta ahora las prestaciones por cese de actividad estaban gestionadas por las mutuas, sin embargo, a partir del próximo 1 de enero, su otorgamiento será decidido en una comisión formada por un representante de la mutua, de las asociaciones de autónomos y de la Seguridad Social, quien también se compromete a «clarificar» los requisitos de acceso.
La decisión de esa comisión “será vinculante para la mutua” y, en el caso de que continúen las discrepancias, la vía judicial seguirá abierta.
Además, la ministra ha explicado que se van a duplicar el periodo de las prestaciones en función de los tramos de meses cotizados: el mínimo será de cuatro y el máximo de 24 mensualidades, frente a las 12 como límite que se podrían cobrar antes.
Mejoras en las prestaciones
Los autónomos también recibirán prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo que «podría suponer un incremento de su cuantía», y no tendrán que cotizar por contingencias comunes desde el segundo mes de baja.
Además, las personas con una discapacidad superior del 33% podrán beneficiarse de las correspondientes reducciones sin importar cuándo adquirieran dicha condición (antes o después del inicio de actividad). Mientras, las autónomas podrán mantener la tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar en su actividad, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad.
Asimismo, las mutuas deberán realizar programas de prevención de riesgos laborales para los autónomos, una medida que ha puesto en valor la ministra debido a la importancia de la formación tanto para trabajadores en activo como desempleados.
De esta forma, se implantarán programas de formación para ambos colectivos «en coordinación con las mutuas, las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)» pues el sistema actual se encuentra «en una situación muy atomizada».
