El PP defenderá una enmienda para reconocer los derechos de las viviendas vacacionales afectadas por la erupción volcánica de La Palma
La diputada palmera, Raquel Díaz, señala que “la iniciativa pretende que los propietarios de las mismas conserven sus derechos para poder retomar su comercialización una vez reconstruidas”
El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias defenderá una enmienda in voce a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para garantizar que los propietarios de viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021 en la isla de La Palma recuperen sus derechos a través de una medida excepcional que les exime de la antigüedad mínima que, con carácter general, contempla la nueva ley para poder comercializar el uso turístico de hospedaje en viviendas.
La enmienda popular propone la incorporación de una nueva disposición transitoria bajo el epígrafe ‘Determinaciones de las viviendas vacacionales arrasadas por la erupción volcánica del año 2021 en la isla de La Palma’, con la finalidad de dar una respuesta a las circunstancias excepcionales como consecuencia de la catástrofe natural que ocurrió hace ya más de cuatro años.
En concreto, la iniciativa establece que aquellas viviendas vacacionales debidamente habilitadas conforme al decreto 113/2015 y que fueron destruidas por las coladas volcánicas, conserven su número de registro turístico y todos los derechos inherentes reconocidos en la ley. De este modo, no se les aplicará el requisito de antigüedad mínima exigido con carácter general para las nuevas viviendas residenciales que los propietarios quieran destinar al alquiler vacacional.
Para acreditar esta condición, deberán justificar la correspondencia entre la vivienda destruida y la reconstruida mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la Erupción Volcánica de La Palma o a través de cualquier otro documento admisible y válido en derecho.
Asimismo, la enmienda señala los plazos de aplicación de esta disposición, estableciendo que comenzarán a computarse desde el momento en que la vivienda reconstruida obtenga la habilitación de primera ocupación conforme a la normativa vigente. En todo caso, dicha habilitación deberá producirse antes del 13 de diciembre de 2030 para poder acogerse a este régimen excepcional.
La diputada por la isla de La Palma, Raquel Díaz, destacó que “aprobar esta medida es una cuestión de justicia social para La Palma que, cuatro años después de la erupción volcánica, sigue necesitando medidas excepcionales para avanzar en su plena recuperación socioeconómica”.
Motivos por los que Díaz confía en que la Cámara regional incorpore esta enmienda al texto original de la ley, “brindando a los titulares de viviendas vacacionales, en su gran mayoría familias y pequeños propietarios palmeros, el apoyo que necesitan y se merecen para recuperar cuanto antes estas camas alojativas”.
Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias atiende las demandas de los afectados, aportando una solución justa y adaptada a la realidad, favoreciendo además la reconstrucción económica y social de La Palma, y la recuperación de una oferta alojativa clave para el desarrollo turístico de la isla.
