El Gobierno sube impuestos para cumplir con el déficit en 2017
La mayor parte, 4.650 millones, procede de Impuestos de Sociedades y Especiales
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al límite de gasto no financiero de 2017 y ha aprobado un real decreto de medidas tributarias y lucha contra el fraude que busca recaudar 7.500 millones de euros más para cumplir con el objetivo de déficit público pactado con Bruselas para el año que viene y que es del 3,1%. Entre las medidas fiscales, el Ejecutivo ha modificado el Impuesto de Sociedades y ha subido los Impuestos Especiales para recaudar 4.650 millones de euros adicionales.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la mayor parte del incremento recaudatorio, 4.300 millones, corresponde a cambios en el Impuestos de Sociedades, a través de medidas como la limitación de bases imponibles negativas. Los 350 millones restantes provendrán de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, que espera que esté refrendado el 15 de diciembre y que pueda entrar en vigor en esa fecha.
Junto con estos incrementos, Montoro ha confirmado que también se ha aprobado un proyecto de ley para establecer una nueva tasa sobre bebidas azucaradas y carbonatadas, cuyo porcentaje no ha querido especificar, ya que, según ha explicado, la intención del Gobierno es negociar dicha tasa con los grupos parlamentarios.
También en materia fiscal el Ejecutivo prorrogará en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio -recaudación que beneficia a las comunidades autónomas- y la actualización de los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y se compromete analizar una nueva fiscalidad medioambiental, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea.
Lucha contra el fraude fiscal
Dentro del paquete fiscal se incluyen también medidas para reformar la lucha contra el fraude fiscal que permitirán recaudar alrededor de 500 millones de euros. Entre otras se incluye la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, cuando hasta ahora eran de 2.500 euros. Además se implantará el sistema de información inmediata del IVA, que estará «normalizado» en el segundo semestre de 2017 y que afectará a 60.000 contribuyentes, que aglutinan el 80% de la facturación de ese tributo.
Según Montoro, este sistema online será también beneficioso para las propias empresas, ya que se evitará el retraso en las devoluciones, lo que beneficiará asimismo a la actividad económica. El Ejecutivo ha decidido también endurecer la posibilidad de aplazamiento de pago del IVA y de las deudas frente a la Agencia Tributaria (AEAT) suspendidas mientras se tramita su recurso.
El ministro de Hacienda ha afirmado que con unos mercados más abiertos y con ofertas bancarias de crédito accesibles a las compañías de cierto tamaño «no tiene justificación que las empresas se financien con cargo a la Hacienda pública». También se endurecerán los aplazamientos de pago de deudas con la Agencia Tributaria.
El ministro de Hacienda y Función Pública ha insistido en que la Agencia Tributaria (AEAT) ya ha advertido a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 de que están sujetos a control e inspección -«como ya se está haciendo con ellos»- y que las inspecciones por parte de la AEAT no prescriben, tal como se lo ha hecho saber a Ciudadanos, que reclama que los amnistiados paguen el 10% del patrimonio aflorado que estipulaba la Ley en vez del 3% que abonaron de media.
