Comunicado en respuesta a las declaraciones del concejal de Urbanismo de La Laguna sobre el nuevo atentado patrimonial en el centro histórico, por Álvaro Santana Acuña
Las últimas declaraciones del concejal de Urbanismo Santiago Pérez prueban nuevamente la situación triste, arbitraria y grave en que sigue estando la gestión del centro histórico de La Laguna
El concejal de Urbanismo de La Laguna se sigue equivocando gravemente en su interpretación de la legislación en materia patrimonial, pues en un centro histórico, que además es Patrimonio de la Humanidad, el criterio y el derecho que han de prevalecer no son (como afirma el concejal) los de propietarios y promotores, sino el interés general y el bien común. Es decir, la preservación del centro histórico como conjunto debe estar por encima de los intereses particulares. Sin embargo, el interés general y el bien común se siguen vulnerando en el centro histórico lagunero por culpa de la gestión hecha desde la Gerencia de Urbanismo en favor de intereses privados. La construcción del edificio en el número 6 de la calle Nava y Grimón es la prueba más reciente de ello.
En un informe remitido a los medios de comunicación a comienzos de enero, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna afirmó que el antiguo edificio en el número 6 de la calle Nava y Grimón no tenía ningún valor patrimonial. Por eso, se podía demoler. Semejante afirmación, como expliqué en un comunicado días más tarde, no se ajustaba a la realidad, dado que el edificio tenía elementos patrimoniales de valor (no solo la casa sino también las zonas de jardín y huerta). Recordé además que existía un informe de la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Tenerife del 22 de enero de 2017. Ese informe recomendaba la paralización cautelar de la demolición de la casa y la catalogación de los elementos patrimoniales de valor en su interior y exterior. Así que en su rueda de prensa, el concejal de Urbanismo tuvo que empezar por desdecirse y reconocer que el edificio sí tenía elementos patrimoniales necesitados de protección. También tuvo que reconocer la existencia del informe de la Unidad de Patrimonio del Cabildo.
Pero lo que no reconoce el concejal de Urbanismo es que su socio de gobierno en el Ayuntamiento, Rubens Ascanio, fue uno de los políticos más críticos contra la demolición del antiguo edificio en 2017, basando muchas de sus críticas en informes del Cabildo y denuncias ciudadanas. Ahora bien, el concejal de Urbanismo sí culpa al Cabildo por no actuar y proteger el edificio en aquel entonces, aludiendo a que el Cabildo lo gobernaba Coalición Canaria. Esto es una verdad a medias, puesto que la consejera de Patrimonio en el Cabildo en ese momento era Josefa Mesa del PSOE, compañera del partido en que milita el concejal de Urbanismo Santiago Pérez.
El concejal de Urbanismo silencia el hecho de que el Plan Especial de Protección (PEP) de 2005 – usado para legalizar el nuevo edificio en Nava y Grimón – fue especialmente criticado por asociaciones de vecinos, técnicos de patrimonio del Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, expertos de la Universidad de La Laguna, etc. Y lo criticaban (1) por borrar del catálogo de protección más de medio centenar de edificios, (2) por rebajar al mínimo el nivel de preservación de edificios ya protegidos, (3) por impedir la catalogación de edificios con elementos patrimoniales de interés, como en la antigua casa del número 6 de Nava y Grimón y (4) por suprimir zonas verdes que datan del siglo XVI.
Pese a tener conocimiento de estos hechos, el concejal de Urbanismo sigue defendiendo la legalidad del PEP, que, hay que recordarlo, desde antes y después de su aprobación también ha sido criticado por concejales del PSOE y Sí se puede/Unidas Podemos, socios del actual gobierno municipal. El concejal de Urbanismo se agarra, como a un clavo ardiendo, al concepto de «seguridad jurídica» amparado por un PEP obsoleto que, como se demostró en las obras de la vivienda nueva en el número 44 de la calle Manuel de Ossuna, supuso una recalificación encubierta de suelo rústico en el centro histórico.
Estas recalificaciones de terrenos por culpa del PEP han permitido urbanizar «legalmente» sobre zonas verdes históricas, como pasó con los más de 1000 metros cuadrados de jardín y huerta en la parcela del número 6 de Nava y Grimón. Con ese PEP, se están destruyendo zonas verdes que se remontan al siglo XVI, violándose las directrices de la UNESCO que protegen las viviendas y el parcelario del centro histórico lagunero.
Para defender lo indefendible, el concejal de Urbanismo se inventa «hechos alternativos». Afirma que las viviendas de los números 3 y 5 de la calle Nava y Grimón se construyeron en arquitectura modernista. Esta afirmación es falsa. Esas dos casas antiguas fueron tan solo renovadas, sobre todo en sus fachadas. Pero en ningún caso se destruyeron los edificios ya existentes, no se eliminaron ni los jardines ni las huertas y tampoco se duplicaron las volumetrías de los edificios. En resumen, se respetó la estructura de las casas y sus zonas verdes.
Todo lo opuesto a lo sucedido en el número 6 de esa misma calle. Aquí se demolió por completo un edificio histórico con valor patrimonial, se destruyó y se urbanizó toda la zona verde de su parcela y también se duplicó la volumetría del edificio en su parte trasera. Además, todo ello se hizo usando en el edificio nuevo un lenguaje arquitectónico pobre, un diseño mediocre y unos materiales decorativos de dudosa calidad para adaptarse al húmedo clima lagunero. Ese edificio, en definitiva, no aporta nada de valor al patrimonio de la ciudad y además rompe con el entorno. Todo lo contrario al edificio vecino, el Palacete Rodríguez de Acero, que hoy es la sede del Casino de La Laguna. Ese edificio, que no destruyó nada sino que reemplazó a otro edificio en desuso, lo diseñó Mariano Estanga, uno de los arquitectos más importantes de la historia de Canarias.
Por cierto, Estanga fue también el creador del edificio en el número 34 de la calle de San Agustín. Un inmueble abandonado desde hace años, que la concejalía de Urbanismo permitió que se arruinase hasta que se cayó parcialmente. Lo que tenía que haber hecho era cumplir con las leyes canaria y nacional de patrimonio y ejecutar de manera subsidiaria las reparaciones que habrían salvado el edificio de la ruina. En definitiva, casos como el número 44 de la calle Manuel de Ossuna, el 34 de la calle San Agustín y ahora el 6 de Nava y Grimón prueban que en La Laguna solo se aplican las leyes patrimoniales que le interesan al concejal.
No menos graves son las afirmaciones del concejal sobre que «no hay momento histórico más importante que otro». La historia del siglo XX, llena de totalitarismos y genocidios, nos recuerda que no todo vale a la hora de gobernar y que, por supuesto, hay momentos históricos que no se pueden repetir y, si hace falta, usar las leyes para lograrlo. Sin embargo, el PEP defiende que todo vale en el centro histórico lagunero, menos la arquitectura canaria. O sea, que la arquitectura que es la seña de identidad de la ciudad de La Laguna desde su fundación en 1496 hasta 2005, y que es la arquitectura que explica su condición como Patrimonio de la Humanidad, hoy ya no es válida porque lo dice un PEP redactado por la compañía privada multinacional AUC, que durante 10 años gestionó el centro histórico a su antojo y llegó a embolsarse hasta 20000 euros mensuales por dicha gestión. Esa multinacional creó un PEP según el cual cualquier edificio nuevo que tenga elementos arquitectónicos canarios no es «contemporáneo», sino un falso histórico. Este criterio disparatado del PEP es el culpable de los edificios irrespetuosos, disonantes y vulgares que se construyen en el centro histórico desde 2005, como el juzgado en la plaza del Adelantado, el edificio de Nava y Grimón o el proyecto del nuevo mercado municipal.
El concejal de Urbanismo se vanagloria de que bajo su mandato se van a incluir 73 edificaciones de arquitectura popular en el PEP. La realidad es que su inclusión se debe a la acción ciudadana, que desde hace más de 12 años se ha movilizado para que no desaparezcan del centro histórico las casas terreras y casas terreras con tronja. Su desaparición estaba ocurriendo por culpa del PEP que las había condenado a muerte, al descatalogarlas y permitir su completa demolición.
Tras más de 20 años de una ineficaz y destructiva gestión del patrimonio del centro histórico de La Laguna, la única vía para su salvación pasa por que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil lagunera, tinerfeña y canaria acometan la creación de un patronato independiente y apolítico. Ya lo tienen ciudades españolas como Santiago de Compostela y Granada y otras tantas ciudades en el extranjero. Estos patronatos logran una gestión respetuosa y coherente del patrimonio histórico, ajena a los intereses del político de turno.Una gestión muy diferente a la que, por desgracia, ocurre en La Laguna, con su PEP de 2005 y sus políticos incapaces y ególatras.
Álvaro Santana Acuña
Historiador y sociólogo, profesor del Whitman College e instructor del Harvard Summer School
