Carlos Alonso propone un pacto preelectoral para solicitar al Estado que declare de interés general la culminación del anillo insular de carreteras
Se trata de un compromiso que debe adquirir el Ministerio de Fomento por encima de los intereses partidistas
El candidato de CC al Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha solicitado a los grupos popular y socialista la firma de un pacto preelectoral para solicitar al Estado la declaración de interés general del tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y el Tanque, una vez abierta la vía de Erques gracias en gran medida a la implicación económica del Cabildo de Tenerife.
Carlos Alonso hace esta propuesta al resto de grupos políticos como un compromiso firme ante una sociedad que reclama implicación de los políticos en los asuntos que verdaderamente les afectan más allá de grandes titulares y declaraciones de intenciones sobre todo en periodos preelectorales.
El acuerdo establece que las fuerzas firmantes de este pacto se comprometen a presentar una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados como iniciativa conjunta en el presente periodo de sesiones instando al Gobierno de España a la declaración de este tramo de obra de interés general, de manera que se pueda financiar su ejecución por parte del Ministerio de Fomento en 2016. Con el fin de facilitar su ejecución, Alonso plantea la participación del Cabildo en la prefinanciación de la citada obra, articulando un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para la realización de la citada infraestructura.
Esta decisión viene a paliar la dejadez manifestada en los últimos años por parte del Ejecutivo Central que ha reducido en cuatro años un total de 638 millones menos para las carreteras de la Isla. La apertura de este tramo supondría una alternativa para el tráfico que se desplaza desde el Norte al Sur y que actualmente circula por la TF-5 ocasionando un problema permanente de congestión.
El cierre oeste del anillo insular –tramo que une El Tanque y Santiago del Teide- supondría un ahorro de 270 millones de euros al año. Estos datos se desprenden de un estudio del Cabildo cuyas conclusiones se remitieron hace poco más de un año a la ministra Ana Pastor, sin obtener una respuesta favorable.
