La Guardia Civil registra la sede del Diplocat en Barcelona por los pagos a los observadores del 1 de Octubre
Buscan documentación relacionada con la contratación de estos observadores
Según infoma Rtve. Agentes de la Guardia Civil registran este jueves la sede de Diplocat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según informa L’Informatiu de TVE. Se investigan los preparativos del referéndum del 1-O en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
Agentes del instituto armado buscan, en la sede situada en la avenida Diagonal de Barcelona, documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros, según informa Efe.
La aplicación del artículo 155 en Cataluña liquidó la estructura del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, una entidad público-privada al servicio de Generalitat de Cataluña para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional dirigida por el exconseller Raül Romeva, en prisión preventiva procesado por rebelión y malversación.
El Gobierno ordenó el cierre de las «embajadas» catalanas en países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, excepto la oficina abierta ante la UE. Este organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente este viernes, según informa Efe.
Investigación para esclarecer si la Generalitat malversó fondos públicos
La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum.
Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de esos observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los «estándares internacionales».
Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.
Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de «contrato de servicios».
