Sí se puede llevará a los municipios donde tiene presencia una propuesta para mejorar las tasas de basura y proteger a las familias con menos recursos

Vanesa Martín defiende una revisión de las ordenanzas municipales que combine justicia social, prevención de residuos, reciclaje y transparencia en la gestión pública
Sí se puede presentará en los municipios donde tiene representación una moción para impulsar la mejora de las ordenanzas locales relacionadas con la tasa de basura y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más justo, eficiente y sostenible. La iniciativa, que se adapta a la realidad de cada municipio, plantea que la actualización de las normas locales no se limite a trasladar los costes del servicio a la ciudadanía, sino que sirva para reducir la generación de residuos, mejorar el reciclaje y proteger especialmente a las familias con menos recursos.
Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede en Canarias, señala que «los ayuntamientos tienen la oportunidad de convertir la gestión de los residuos en una verdadera política pública de sostenibilidad y justicia social. No podemos aceptar que la respuesta a los nuevos costes del servicio consista simplemente en que todas las familias paguen más, sin tener en cuenta sus circunstancias económicas ni el esfuerzo real que realizan para reducir y separar sus residuos».
La formación considera que las ordenanzas municipales deben incorporar criterios sociales y ambientales objetivos, de manera que la aplicación de las tasas tenga en cuenta la capacidad económica de los hogares y permita incentivar las buenas prácticas en la prevención, reutilización y separación de los residuos. En este sentido, la propuesta plantea revisar los elementos utilizados para calcular las tasas e incorporar progresivamente medidas que hagan más llevadero este coste para las familias con menos ingresos y las pequeñas empresas locales.
«Defendemos que las rentas más bajas no sean las grandes perjudicadas por unas normas que deben servir para mejorar el servicio y proteger nuestro entorno. La sostenibilidad ambiental y la justicia social tienen que ir de la mano. Una buena ordenanza debe incentivar a quien reduce, reutiliza y recicla, y no limitarse a repartir una factura entre la ciudadanía», destaca.

Planes integrales para reducir residuos y mejorar el reciclaje

La moción propone que los ayuntamientos elaboren planes integrales de gestión de residuos con objetivos claros, medidas de prevención y reducción en origen, mejora de la recogida selectiva y mecanismos de evaluación y seguimiento público. Entre las alternativas que se plantean figura estudiar la implantación progresiva de sistemas de recogida selectiva puerta a puerta, adaptados a las características de cada municipio y complementarios a los servicios de recogida existentes.
Asimismo, Sí se puede apuesta por reforzar la separación de la materia orgánica, impulsar iniciativas de compostaje comunitario, facilitar el acceso a los puntos limpios y promover campañas de información y sensibilización ciudadana. Estas medidas deben contribuir a reducir la cantidad de residuos que termina en los vertederos, recuperar materiales aprovechables y avanzar hacia un modelo de economía circular que genere beneficios ambientales, sociales y económicos en el ámbito local.
«Necesitamos dejar atrás una gestión basada en recoger y eliminar residuos para avanzar hacia otra que priorice su reducción, reutilización y aprovechamiento. Para ello hacen falta planificación, participación ciudadana, servicios eficaces y objetivos verificables. La recogida selectiva y el compostaje deben formar parte de una estrategia municipal integral, no ser medidas aisladas», explica la portavoz.

Transparencia y participación en la gestión municipal

La iniciativa también plantea que los ayuntamientos publiquen, al menos una vez al año, indicadores sobre los residuos generados por habitante, las cantidades recogidas selectivamente, los costes del servicio, las incidencias y la evolución de las medidas de prevención. Estos datos permitirían conocer los resultados de las políticas municipales, detectar deficiencias y evaluar si las tasas responden a una gestión cada vez más eficaz.
Además, se propone estudiar las posibilidades de optimización del servicio y analizar diferentes fórmulas para su prestación, incluidas iniciativas que puedan favorecer la participación de cooperativas locales cuando resulten viables, así como adaptar las ordenanzas fiscales a las medidas que finalmente se incorporen a los planes de gestión.
Vanesa Martín subraya que «la ciudadanía tiene derecho a saber qué está pagando, cómo se está prestando el servicio y qué resultados se están consiguiendo. La transparencia es fundamental para garantizar que los recursos públicos se gestionan correctamente y que el esfuerzo económico de las familias se traduce en una mejora real del reciclaje y de la protección ambiental».
Con esta iniciativa, Sí se puede pretende abrir el debate en los municipios donde tiene presencia para que la actualización de las normas locales sobre residuos se convierta en una oportunidad de mejora. Afirman que se «está generando un gran debate social sobre esta medida, con posiciones que incluso llegan a cuestionar la importancia de un tratamiento adecuado de los resíduos o dudan de sus efectos en el medio, lo cierto es que, bien tratado, puede ser una oportunidad de mejora de la gestión y de no penalizar a las personas que de verdad cumplen». La formación defiende que una gestión responsable debe combinar la reducción de residuos, el cumplimiento de los objetivos ambientales, la protección de las economías familiares y el fortalecimiento de los servicios públicos locales.
Sí se puede apuesta por unos municipios más sostenibles, con tasas más justas y una gestión de residuos transparente, eficaz y comprometida con las personas y el territorio.

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