Movimiento Sumar Canarias acusa al Ayuntamiento de La Orotava de bloquear la declaración de zona tensionada para no contrariar a Clavijo en su boicot a la Ley de Vivienda
A pesar de contar con un acuerdo plenario desde hace 33 meses y un informe propio que constata subidas del alquiler de hasta el 129% en varios barrios, el Gobierno local (CC) sigue sin tramitar la solicitud oficial
Movimiento Sumar Canarias ha denunciado públicamente el «inaceptable bloqueo» del Ayuntamiento de La Orotava al expediente para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, casi tres años después de que el pleno municipal aprobara dicha medida.
A pesar de contar desde hace semanas con un estudio de mercado inmobiliario municipal que confirma que gran parte de los barrios de La Orotava —con subidas desorbitadas del precio del alquiler que alcanzan hasta un 129% en zonas como Pinolere, Aguamansa o La Florida—superan con creces los requisitos de la norma, el grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) continúa buscando excusas para no remitir formalmente la solicitud al Ejecutivo autonómico.
Para Movimiento Sumar Canarias, esta parálisis deliberada responde a una estrategia política calculada: no incomodar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (del mismo partido), quien mantiene una postura frontal de rechazo a la aplicación de la Ley estatal
por el Derecho a la Vivienda y ya ha denegado o desacreditado solicitudes similares, como la de Las Palmas de Gran Canaria.
El Gobierno de La Orotava prefiere actuar de escudo político para Fernando Clavijo antes que defender a sus propios vecinos y vecinas. Es indecente que, mientras las familias del municipio destinan porcentajes inasumibles de su sueldo a pagar un techo, CC prefiera no aplicar la regulación de precios por mero interés partidista y proteccionismo hacia la especulación.
Desde la formación exigen al alcalde y a su grupo de gobierno que remitan de forma urgente la documentación y el estudio de mercado al Gobierno de Canarias para limitar de inmediato el precio de los alquileres en el municipio. Además, se denuncia que el Ayuntamiento lleve años sin aplicar eficazmente los recargos fiscales a bancos y grandes promotoras con casas vacías en el municipio, renunciando a recaudar ingresos que podrían destinarse a la creación de parque público de vivienda social.
Movimiento Sumar Canarias concluye recordando que la crisis habitacional que asfixia a Tenerife y al conjunto del archipiélago exige valentía política y la activación de todos los mecanismos legales disponibles para topar precios, frenar los abusos e impedir que la vivienda siga siendo un bien de negocio en lugar de un derecho fundamental.
