Torra pide al Constitucional que suspenda de forma urgente su inhabilitación
Torra fue cesado el lunes tras la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó su inhabilitación
La defensa del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita la que suspensión urgente de la pena de 18 meses de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la sentencia del Tribunal Supremo que la ha confirmado este lunes, sentencia por la que ha sido cesado.
En su recurso, al que ha tenido acceso RTVE, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, argumenta que la suspensión de la condena es necesaria para evitar el «grave daño irreparable» que la ejecución de la misma causaría tanto a Torra como a terceras personas.
Hasta la fecha, los antecedentes que existen de suspensión de penas por parte del Tribunal Constitucional solo se han dado en casos excepcionales y penas leves.
A lo largo de 438 páginas, Boye señala que, «con una inusitada celeridad» y «minutos después» de hacerse pública la sentencia del Supremo -que desestima el recurso de casación-, el TSJC «ha declarado la firmeza de su sentencia» y «ordenado su inmediata ejecución».
Señala la vulneración de derechos fundamentales
En el recurso, Boye alega la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Sobre la Carta Magna, considera vulnerado el artículo 14 referido a que «los españoles son iguales ante la ley» sin que prevalezca «discriminación alguna»; el 16.1, que garantiza la «libertad ideológica»; el artículo 20.1 relativo a la libertad de expresión, el artículo 23, que establece que los ciudadanos tienen derecho a «acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos»; el 24, que garantiza el derecho de los ciudadanos a que no se produzca «indefensión» respecto a sus derechos e intereses en los tribunales; y el 25, que establece que «nadie puede ser condenado» por acciones «que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa».
Respecto a los Derechos de la UE, la defensa estima que se ha vulnerado el derecho de todo ciudadano de la Unión a «ser elector y elegible» en las elecciones al Parlamento Europeo.
