SANIDAD PÚBLICA: SILENCIOS, ENGAÑOS Y VERDADES

Carlos García. Médico 
Intersindical Canaria

Desde mi condición de Delegado Sindical, como representante de los trabajadores, tengo el deber de denunciar lo que en conciencia creo debo hacer notar a la ciudadanía en materias que me competen, porque el ejercicio del derecho y el deber de denunciar esta amparado por el derecho de indemnidad, y porque cualquier injerencia o limitación en la libertad de expresión ha de estar prevista en la ley y estar justificada en una finalidad legítima y ha de ser necesaria en una sociedad democrática.

Cuando realizo algún análisis sobre la sanidad pública canaria y lo hago identificándome como delegado sindical, estoy ejerciendo mi derecho y mi deber de expresar unas ideas en representación de los trabajadores sanitarios públicos. Incluso, no solo representando a mi centro laboral sino, también, a muchos otros centros sanitarios  y a sus trabajadores.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresa que el valor esencial que tiene libertad de expresión en los sistemas democráticos, en cuando garantía de una opinión pública libre, no solo ampara la difusión de ideas que se consideran favorables, inofensivas o indiferentes, sino también la de aquellas que puedan molestar, inquietar o disputar, pues así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los que no existe sociedad democrática. En las cuestiones de interés, en el que la libertad de expresión es importante para todos, lo es, particularmente, para los representantes electos.

Esto lo digo porque hace tan solo 24 horas he tenido que asistir a un acto de conciliación en un Juzgado, por la demanda de un antiguo cargo directivo hospitalario, en la que se solicitaba una retractación de unas opiniones realizadas por mí sobre asuntos sanitarios públicos aparecidas en diversos medios de comunicación.

Toda crítica realizada, y sobre todo las efectuadas para salvaguardar el derecho a la salud, tiene una gran trascendencia social. En las mías se realizan sobre situaciones irregulares que recaen en personas con funciones y cargo público, en el contexto de deterioro de la sanidad, por lo que parece correcto prevalezca la libertad de expresión, máxime cuando es ejercitada desde mi cargo de representante sindical, sobre el derecho al honor de quienes ejercen funciones públicas, los cuales tienen el deber de soportar las criticas, por muy duras, molestas o que les puedan perturbar, según jurisprudencia de Tribunal Supremo  y del Tribunal Constitucional, pues «la trasmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el Sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores en general, constituye un elemento esencial en la concreción del derecho fundamental a la libertad sindical”

También, desde mi condición de médico, en la que actúo individualmente o por mediación de organizaciones profesionales, tengo el deber de llamar la atención de la comunidad respecto a las deficiencias en la calidad de los cuidados y a la independencia profesional de mis actuaciones. Por tanto, tengo el deber de denunciar las carencias y errores del sistema en un empeño permanente a favor de la suficiencia, calidad y la dignidad ética del sistema sanitario, según mi propio Código Deontológico.