Podemos presenta alegaciones y denuncia riesgos en centrales de Tigaiga y Santa Cruz
El partido liderado por Noemí Santana ha exigido un estudio ambiental ordinario y participación ciudadana antes de autorizar proyectos
Podemos Canarias presentó alegaciones formales ante la Consejería de Transición Ecológica y Energía contra los proyectos de plantas de generación de emergencia en Tigaiga y en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, promovidos por DISA y Sampol. La formación morada subraya la tramitación simplificada sin Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y reclama un análisis conjunto de los efectos acumulados para garantizar la seguridad industrial y la salud pública.
En su escrito, Podemos advierte que ambos expedientes vulneran la Directiva 2011/92/UE y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. La ausencia de modelización de dispersión atmosférica y de simulaciones acústicas impide conocer las emisiones reales de NOx y partículas, así como los niveles de ruido en zonas urbanas habitadas. Asimismo, el procedimiento abreviado omite la elaboración de un Plan de Emergencia Exterior y estudios de accidente mayor conforme al Reglamento SEVESO II, lo que limita el derecho a una información completa y la participación de la ciudadanía en decisiones de alto impacto.
Los documentos presentados por Podemos detallan que la planta de Tigaiga sumará 14,8 MW de potencia fósil de respaldo para 400 m³ de propano y la de Dique del Este aportará 18 MW adicionales con 400 000 L de gasoil, mientras que en el norte de Tenerife existe un déficit de más de 250 MW de generación firme cubierto apenas por dos líneas de alta tensión. Además, Tenerife acumula cinco centrales de emergencia que superan los 120 MW previstos sin evaluar sus efectos sinérgicos sobre calidad del aire, ruido y residuos industriales, en contraste con las metas del Plan Energético de Canarias 2015-2030, que prioriza renovables, almacenamiento y refuerzos de red.
María del Cristo González, portavoz de la red insular de Tenerife, afirmó que “la simplificación del procedimiento deja a vecinas y vecinos sin la información suficiente sobre riesgos y mitigaciones, y socava la democracia ambiental”. Podemos reclama la reapertura del plazo de exposición pública con audiencias locales, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico insular que compare alternativas limpias —como baterías de gran capacidad y generación distribuida— y la inclusión de cláusulas de caducidad de los permisos, con un máximo de tres años prorrogables solo por causa justificada. Con estas alegaciones, Podemos Canarias pretende reforzar su compromiso con una transición ecológica justa, basada en la transparencia, la participación y el cumplimiento normativo.
