Urbanismo reducirá las tasas a la instalación de nuevas empresas y mantendrá la bonificación del 95% a personas sin recursos

Candelaria Díaz anuncia que la modificación de la principal ordenanza fiscal de la Gerencia beneficia a los ciudadanos que cumplen con las normas urbanísticas y penaliza los incumplimientos

La concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde de La Laguna, Candelaria Díaz, anunció hoy que la modificación de la principal ordenanza fiscal de la Gerencia de Urbanismo por la prestación de servicios incluirá una reducción de las tasas a la implantación de nuevas empresas en el municipio y una rebaja a la mitad de las actuales tasas a la instalación de actividades, tanto clasificadas como inocuas.

Candelaria Díaz señala que de esta manera se afianza la apuesta de la Corporación municipal por impulsar la actividad económica y por el apoyo a los emprendedores. Además, explica que la modificación de la ordenanza se realiza en cumplimiento de una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento así como para adaptarse a los últimos cambios normativos que se han producido, en especial, la aprobación de la Ley 4/2017 del Suelo.

Díaz avanza también que se va a mantener la actual bonificación del 95% en el pago de tasas a las personas en situación o en riesgo de exclusión social o en situación de emergencia social. La modificación de la ordenanza incluye también la reducción de cuotas fiscales en los casos en los que los ciudadanos tramiten sus expedientes haciendo uso de la administración electrónica sin estar obligados a ello, o cuando sus actuaciones se realicen en edificios catalogados por su valor patrimonial.

La responsable de Urbanismo afirma que para cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria lo que se va a hacer es redistribuir la carga fiscal, de manera que se reducirá a los ciudadanos que cumplan de forma óptima con la legalidad urbanística y se incrementará a quienes la incumplan. De esta forma, se impondrán tasas por la tramitación de expedientes de disciplina urbanística motivados por los incumplimientos de la legalidad o del deber de conservación de los edificios, que se incrementarán cuando las personas afectadas no resuelvan la situación y obliguen a que la administración actúe subsidiariamente.

Asimismo, se aplicarán cuotas adicionales en los casos en que las comunicaciones previas que se presenten para la instalación de actividades contengan inexactitudes, falsedades u omisiones cuando sean de carácter esencial. Candelaria Díaz explica que “con esta modificación se premiará a quienes actúen de forma responsable y cumplidora con la legalidad, redistribuyendo esa carga fiscal y dirigiéndola hacia quienes procedan de forma irresponsable y contraria al ordenamiento”.

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