Torrent aplaza el Pleno pero mantiene a Puigdemont como candidato
Torrent ha culpado al Gobierno y el TC de «injerencias» en Cataluña
El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha aplazado el Pleno de investidura convocado para este martes por la tarde, pero mantiene como candidato a la Presidencia a Carles Puigdemont. Lo retrasa «para poder darle garantías» de que se puede someter al debate «sin injerencias», en referencia a la advertencia del Tribunal Constitucional que dijo que no se podía celebrar el debate sin la presencia del candidato.
Mantiene a Puigdemont como candidato
En cuanto al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Torrent ha rechazado tajantemente cambiarlo y ha alegado que su elección el pasado 21 de enero no «fue aleatoria», pues responde a la «voluntad expresada por la mayoría de la Cámara».
En este sentido, ha asegurado que «Puigdemont tiene toda la legitimudad y todo el derecho a ser investido presidente» por el Parlament, por lo que no piensa proponer a otro candidato.
«No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal porque no votaron cómo ellos querían. No aceptaremos injerencias en un Parlamento que tiene derecho a investir a un candidato. Ni la vicepresidenta Soraya -Sáenz de Santamaría- ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat», ha subrayado Torrent.
Tras recordar que Puigdemont le ha pedido «amparo» para poder presentarse a la investidura, Torrent ha anunciado que se ha «comprometido a garantizar su inmunidad, como la de todos los diputados en el ejercicios de sus derechos políticos en el Parlament» y a que el Pleno se celebre «en el escenario más sereno».
El aplazamiento del Pleno ha causado malestar tanto en JxCAT como en la CUP que no entienden que no se celebrase cuando había acuerdo para ello entre las fuerzas independentistas.
Además, JxCAT se ha quejado de que no se les consultara previamente. Sin embargo, fuentes del entorno del presidente del Parlament aseguran que Torrent trató de contactar con Puigdemont varias veces, pero sin obtener respuesta, antes de anunciar que retrasaba el Pleno.
Por su parte, el Gobierno cree que el retrasar el Pleno es la «consecuencia obligada» de la actuación del Estado de Derecho.
