Podemos exige declarar la emergencia territorial en Canarias tras el 18M
La formación propone moratoria turística, ecotasa y control de vivienda para frenar el colapso ecosocial
Tras la masiva movilización ciudadana del 18M, Podemos Canarias ha exigido al Gobierno autonómico que declare de forma urgente la emergencia territorial en el Archipiélago. La formación plantea esta figura como respuesta institucional ante la turistificación descontrolada, el colapso ecológico y la exclusión habitacional. “Este territorio está gritando: no aguanta más. No hace falta esperar a un desastre natural para actuar”, ha declarado Noemí Santana, Secretaria General de Podemos Canarias.
La propuesta, ya registrada como proposición no de ley en mayo de 2023, contempla una moratoria turística inmediata, una ecotasa real y progresiva, la paralización de nuevos proyectos urbanísticos y la limitación efectiva de la compra de viviendas por parte de no residentes. “Sin medidas estructurales, Canarias se vacía de su gente mientras se llena de especulación”, ha advertido la formación.
El pasado 18 de mayo, más de 23.000 personas se movilizaron en todas las islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”. Para Podemos, ese límite ya ha sido sobrepasado. “Lo que vimos no fue una manifestación más, sino una declaración de emergencia popular. Ahora le toca al Gobierno responder con hechos, no con excusas”, subrayó Santana.
Canarias sigue encabezando los índices de pobreza y exclusión del Estado, a pesar de batir récords turísticos cada año. Para la formación morada, esta paradoja revela una falla estructural: el modelo actual reparte beneficios fuera del Archipiélago, mientras deja dentro más precariedad, más presión sobre la vivienda, el agua y los servicios públicos. “Cada vez se necesita más dinero solo para sobrevivir en tu propia tierra. ¿Quién puede vivir así?”, cuestionó la portavoz.
Aunque la figura jurídica de “emergencia territorial” no está recogida expresamente en la legislación estatal, Podemos propone articularla mediante un decreto ley autonómico, amparado en la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley del Suelo. Ciudades como Barcelona o Palma ya han impulsado figuras similares para justificar moratorias o limitar el alquiler turístico.
“No estamos pidiendo una utopía, sino sentido común. No puede haber bienestar sin agua para habitar, sin barrios donde quedarse, sin suelo para vivir”, concluyó Santana. “O gestionamos el cambio ahora, o seremos responsables del colapso”.
