Podemos denuncia que el Decreto de Dependencia condena a 10.479 canarios a un limbo sin ayuda ni derechos
La formación morada en Canarias denuncia un decreto injusto que sacrifica a las familias vulnerables en favor de estadísticas
Podemos Canarias ha advertido de que la entrada en vigor del Decreto 46/2025 supondrá «un retroceso sin precedentes en la atención a la dependencia en las islas». Según los datos oficiales, 10.479 personas que ya tienen reconocido su grado de dependencia quedarán excluidas del nuevo procedimiento “ágil” y seguirán sometidas a un sistema antiguo que las obliga a esperar más de 560 días para recibir ayudas, «mientras la Administración presume de cifras maquilladas».
A esto se suman las más de diez mil personas que esperan aún ser valoradas por primera vez en el archipiélago y que deberán enfrentarse «a un laberinto de trámites burocráticos, con exigencias desproporcionadas como la presentación de datos bancarios, sanitarios y familiares desde el inicio del proceso. Para muchas familias, especialmente las mujeres cuidadoras y las personas mayores, este nivel de carga documental es inasumible y amenaza con colapsar los servicios sociales municipales, ya desbordados», según la fuerza de izquierdas.
Idaira Afonso, Secretaria de Derechos Sociales de Podemos Canarias, ha advertido en el día de hoy: “Este decreto es un atentado contra la dignidad de las personas dependientes. Se les exige decidir en minutos qué prestación desean, sin tiempo para pensar ni asesorarse, y si no activan la ayuda en tres meses, la pierden. ¿Cómo van a cumplir esos plazos si faltan plazas, hay listas de espera y trámites interminables? Esto es maltrato institucional, y no lo vamos a permitir”.
Podemos Canarias ha denunciado también la eliminación del informe social profesional, que hasta ahora permitía valorar las necesidades reales de cada persona y su entorno. «Sin este informe, la valoración se convierte en un proceso deshumanizado, donde se decide el futuro de las personas solo con números y papeles», aseguran..
Frente a este modelo frío y burocrático, la formación morada exige una serie de medidas urgentes. En primer lugar, la suspensión inmediata del Decreto 46/2025 hasta que se garantice un procedimiento justo y participativo. La formación reclama la inclusión obligatoria del informe social como herramienta esencial en las valoraciones, para asegurar una atención adaptada a cada caso.
Además, Podemos Canarias ha exigido «la eliminación del plazo de caducidad de tres meses para acceder a las ayudas, ya que este límite castiga a las familias por retrasos que no son responsabilidad suya, con la única finalidad de dar menos ayudas». La formación también demanda la contratación estructural de personal público especializado, no de manera temporal ni precaria, para garantizar una atención de calidad.
La dotación urgente de plazas públicas suficientes en centros de día, ayuda a domicilio y residencias es otra prioridad fundamental para Podemos Canarias, así como la creación de un sistema de acompañamiento profesional obligatorio para cada solicitante, con especial atención a las mujeres cuidadoras, familias monomarentales y personas mayores, que son quienes más sufren la sobrecarga de cuidados y la brecha digital.
