Podemos denuncia que 8 de cada 10 desahucios en Canarias son por alquileres inasumibles por lo que insta al Gobierno a desbloquear la declaración de zonas tensionadas
por Julio Torres ·

La formación de izquierdas acusa ademas a CC y PP de favorecer la especulación inmobiliaria.
Podemos Canarias exige al Gobierno de Canarias que deje de proteger los intereses del negocio inmobiliario y aplique de una vez las herramientas de la Ley de Vivienda para frenar la escalada de los alquileres. La formación denuncia que Coalición Canaria y el Partido Popular han convertido el acceso a la vivienda en un privilegio, mientras miles de residentes encuentran cada vez más dificultades para permanecer en sus barrios. Frente a esta situación, reclama desbloquear urgentemente la declaración de zonas tensionadas y establecer límites legales a los precios del alquiler.
La formación morada señala directamente a Coalición Canaria por impulsar políticas que, a su juicio, agravan la crisis habitacional, como la promoción de las islas para atraer nómadas digitales y residentes con mayor poder adquisitivo, sin garantizar previamente el acceso a la vivienda de la población local. Podemos considera que esta estrategia favorece la competencia desigual por el alquiler y contribuye al desplazamiento de quienes viven y trabajan en Canarias. En este sentido, Fernando Ruiz, secretario de comunicación de Podemos Canarias, cuestiona que «Coalición Canaria presuma de defender nuestra tierra mientras promociona las islas para atraer rentas altas y deja a la población canaria compitiendo por una vivienda que cada vez puede pagar menos gente». Ruiz sostiene que «el problema no es quien viene a vivir a Canarias, sino un Gobierno que pone la alfombra roja al negocio inmobiliario mientras obliga a nuestra gente a marcharse de sus barrios».
La crítica también alcanza a los partidos que han rechazado las medidas estatales de protección del alquiler. Podemos recuerda que PP, Vox, Junts y UPN votaron contra los dos decretos de vivienda debatidos el 2 de octubre, mientras Coalición Canaria rechazó el relativo a la prórroga de los contratos de alquiler. Para la formación, resulta especialmente grave que CC se presente como defensora de los intereses canarios mientras se opone a medidas destinadas a dar estabilidad a los hogares inquilinos.
Noemí Santana, diputada y secretaria general de Podemos Canarias, denuncia que «no se puede hablar de defender Canarias mientras se vota contra las medidas que permitirían a miles de familias seguir viviendo en sus casas». Santana considera que «CC y PP tienen que decidir si gobiernan para quienes viven de su trabajo o para quienes hacen negocio con una necesidad tan básica como tener un techo».
Podemos también acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar la burocracia como excusa para retrasar la regulación de los alquileres. La formación recuerda que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó en mayo de 2024 su declaración como zona tensionada y que, más de dos años después, el procedimiento continúa sin culminarse.
Aunque la Consejería anunció nuevos trámites durante octubre, Podemos advierte de que los anuncios no frenan las subidas del alquiler ni garantizan la permanencia de los hogares afectados. Por ello, exige un calendario público de resolución y la aplicación efectiva de los mecanismos legales allí donde se acrediten los requisitos. La formación insiste en que construir vivienda pública es imprescindible, pero rechaza utilizar las promociones futuras como coartada para no intervenir sobre los precios actuales.
La gravedad de esta situación queda reflejada en las estadísticas judiciales de 2025, que registraron 1.426 lanzamientos en Canarias, de los cuales 1.129 estuvieron relacionados con procedimientos de arrendamientos urbanos, prácticamente ocho de cada diez. Podemos considera que estos datos evidencian el peso del alquiler en la pérdida de viviendas. Para la formación, estas cifras deberían bastar para que el Gobierno abandonara su pasividad y priorizara el derecho a una vivienda digna. «Canarias no puede convertirse en un territorio donde vivir sea un lujo reservado a quienes más tienen, mientras su propia gente se ve obligada a marcharse», concluye la formación.
