Podemos Canarias propone crear un Comisionado de Justicia Ambiental y Social elegido por la ciudadanía para fiscalizar el modelo turístico
La formación morada lanza una propuesta innovadora tras el 18M: una figura institucional independiente del Gobierno y del Parlamento que represente a la ciudadanía organizada y supervise las políticas que afectan al territorio, el medio ambiente y la vivienda.
Tras el éxito de la movilización del 18M, Podemos Canarias ha propuesto este lunes la creación de un Comisionado de Justicia Ambiental y Social, una figura inédita en el Archipiélago que sería elegida por la ciudadanía y tendría como misión fiscalizar las políticas públicas relacionadas con el territorio, la turistificación, la protección ambiental y el derecho a la vivienda.
La formación defiende que esta figura debe ser totalmente independiente del Gobierno y del Parlamento, y actuar como garante democrático del interés general, especialmente ante el deterioro ecológico y social que denuncia el movimiento ciudadano Canarias Tiene un Límite.
“La sociedad canaria está dando una lección de conciencia colectiva. Ha llegado el momento de que las instituciones estén a la altura. Proponemos una figura que represente directamente a la ciudadanía organizada y que pueda poner límites al abuso turístico, a la especulación y al deterioro del territorio”, ha declarado Noemí Santana, Secretaria General de Podemos Canarias.
La propuesta se lanza como respuesta directa al diagnóstico expresado por decenas de miles de personas en las calles el pasado sábado 18 de mayo: la falta de mecanismos de control y participación real en las decisiones que afectan al futuro del Archipiélago. Según Podemos, el actual modelo institucional ha demostrado ser incapaz de actuar con valentía frente al colapso anunciado por la ciudadanía y la comunidad científica.
El Comisionado de Justicia Ambiental y Social sería una figura civil independiente, con la capacidad de emitir informes públicos, supervisar las políticas del Gobierno y señalar cualquier intento de especulación urbanística o turístico. Su objetivo sería garantizar un progreso sostenible que ponga en equilibrio el desarrollo turístico, la protección del entorno natural y el derecho de la población local a una vida digna. Esta figura actuaría como contrapeso institucional frente a los pelotazos y abusos, y su mandato estaría vinculado a procesos participativos abiertos, con el respaldo de entidades científicas, vecinales y sociales.
“Esta propuesta es una forma de institucionalizar la vigilancia ciudadana, de empoderar democráticamente a la sociedad canaria para que su voz no quede solo en las calles, sino que tenga fuerza vinculante”, apuntó Santana.
Podemos Canarias considera que esta medida puede marcar un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y las instituciones, y se compromete a impulsarla tanto en las cámaras legislativas como en los espacios municipales e insulares. “La justicia ambiental y social ya no puede depender solo de voluntades políticas. Hace falta un mecanismo estable, participativo y auditable que actúe cuando otros callan”, concluyó la Diputada en el Congreso del grupo Podemos.
