La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Adriana Lastra, le ha recordado hoy al ministro de Justicia que las víctimas de agresiones sexuales  “necesitan de todos los apoyos, especialmente de los poderes públicos” y ha subrayado que  “estamos hartos de que, cada vez que hay una agresión sexual  contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima”, en clara referencia al caso de la joven violada durante los sanfermines de 2016.

“Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, humillar y denigrar a las víctimas, con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas, y también de que las víctimas de salvajes violaciones, múltiples y en manada, se sientan solas y desamparadas”, añadió Lastra durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.

La dirigente socialista le ha pedido al ministro de Justicia “un mensaje nítido, muy claro” para que estas víctimas “sepan que las creemos, que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilice, que la culpa nunca es de la víctima y que ‘no es no’. Que por supuesto tiene derecho a rehacer su vida, que las vamos  a apoyar para ello y que una sonrisa jamás va ser una prueba de cargo en su contra, nunca”.

“Eso es lo que espera la sociedad de nosotros, de este hemiciclo, es lo que espera el Grupo Socialista. Y, sobre todo, un mensaje de esperanza: que los poderes públicos, también el Ministerio de Justicia, vamos a hacer todo lo posible para que casos como este no vuelvan a suceder”, añadió.

Lastra le ha recordado al ministro la última macro encuesta de violencia contra la mujer, que refleja que casi un millón y medio de mujeres reconocen haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja y en la que más de dos millones dicen haber mantenido relaciones obligadas por alguna de sus antiguas parejas, y le ha instado a que explique qué  medidas va  a impulsar para proteger los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales. También le he echado en cara que a estas alturas de años aún no se hayan transferido a las CCAA los fondos destinados a la lucha contra las agresiones sexuales, por lo que es muy difícil que puedan llegar a ejecutarse.