El presidente Rajoy cesará a Puigdemont y a todo el Govern y convocará elecciones en un plazo de seis meses
El Gobierno asumirá el mando de los Mossos d’Esquadra, la gestión de todos los ingresos y gastos de la Generalitat y podrá cesar a cargos de TV3 y Catalunya Radio, así como perseguir a los funcionarios que no acaten las medidas aprobadas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado su propuesta al Senado para el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Govern en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española con el fin de «restaurar el orden constitucional» en Cataluña y el Estatuto de Autonomía, y de celebración de elecciones autonómicas en un plazo de seis meses al asumir él en primera persona la capacidad de disolver el Parlamento catalán y convocar comicios.
Esta es la propuesta del Gobierno, pactada con PSOE y Ciudadanos, que enviará ahora a la Cámara Alta para su aprobación en en pleno del próximo viernes 27 de octubre.
«No se suspende la autonomía de Cataluña. Se cesa a las personas que se han saltado la ley», ha afirmado el presidente, acompañado de la totalidad de los ministros, en una comparecencia histórica en La Moncloa tras la celebración este sábado de un Consejo de Ministros Extraordinario que ha dado luz verde a este precepto constitucional nunca antes usado en democracia.
Según ha explicado Rajoy, que ha dado un plazo máximo de medio año para elecciones pero aboga por que sean «tan pronto como se recupere la normalidad institucional», el ejercicio de las funciones que pasan de la Generalitat al Gobierno de España se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias de los 12 consellers las asuman los ministros.
Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que la Cámara no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat y que no pueda celebrar el debate y votación de investidura. Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.
El Parlamento de Cataluña, según Rajoy, ejercerá la función representativa que tiene encomendada «para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución».
El Gobierno asumirá el mando de los Mossos d’Esquadra, asumirá la gestión de todos los ingresos y gastos de la Generalitat, podrá cesar a cargos de TV3 y Catalunya Radio y podrá perseguir a los funcionarios que no acaten las medidas aprobadas.
Esta decisión del Consejo de Ministros se produce tras haber «constatado» el pasado jueves la «negativa» del presidente de la Generalitat a «atender el requerimiento» que le instaba a «restituir el orden constitucional alterado» tras la celebración del referéndum del 1-O. Puigdemont fue más allá esta semana y amenazó con votar en el Parlament la declaración formal de independencia si el Gobierno mantiene la «represión».
Tras la comparecencia de Rajoy, las fuerzas independentistas han calificado la aplicación del 155 como «golpe a la democracia», «totalitarismo» y y lo han comparado con el golpe de Estado del 23-F.
«Aplicar el artículo 155 nunca fue ni nuestro deseo ni nuestra intención»
Rajoy ha explicado que se toman estas medidas porque la Generalitat «ha liquidado la Constitución, la ley y el Estatut de Cataluña» con el objetivo de instaurar una «legalidad paralela».
«Aplicar el artículo 155 no fue ni nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca. Ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore y se viole la ley», ha querido dejar claro el jefe del Ejecutivo, para decir que lo que se ha «encontrado enfrente» no lo había «visto» en los «muchos años» que lleva en la vida política.
Rajoy se ha mostrado muy crítico con Puigdemont porque, en su opinión, no busca diálogo sino una «imposición» y le ha acusado de rechazar en múltiples ocasiones acudir a los diferentes foros institucionales a plantear sus reivindicaciones de forma «democrática». «El diálogo no es que los demás acepten tus exigencias, eso es imposición. El diálogo fuera de la ley y la norma es profundamente antidemocrático», ha aseverado.
