El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la reciente reforma de la Ley del Cine de 2007 que implanta un nuevo modelo de ayudas a la producción de largometrajes sobre proyecto que sustituye a las ayudas a la amortización.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la modificación de esa ley «atiende a dos motivaciones esenciales: reducir las cargas administrativas a los ciudadanos y establecer un sistema de financiación pública de la producción cinematográfica más eficaz y eficiente». En este sentido, ha resaltado que el Real Decreto introduce «algunas medidas de garantía de la unidad de mercado» y pone en marcha «un nuevo modelo de financiación de la producción cinematográfica».

Sáenz de Santamaría ha avanzado que las ayudas se asignarán antes de que se haga la película en función de «criterios objetivos» y se pagarán progresivamente «con posibilidad de reembolso en función de los resultados comerciales».

La norma aprobada hoy supone la simplificación de la intervención administrativa en la cadena de producción, distribución y exhibición cinematográficas. Regula el procedimiento de la nacionalidad española de las series de televisión; establece una única calificación por edades con independencia del soporte en el que se distribuya la película, y refuerza la exigencia de que la solicitud de aprobación de los proyectos de coproducción se realice antes del inicio del rodaje. También define que una «obra audiovisual difícil» es aquella dirigida por un nuevo realizador con un presupuesto de producción no superior a 300.000 euros, así como los cortometrajes y las obras rodadas en lenguas cooficiales distintas al castellano.

Por otra parte, el texto elimina el requisito que condicionaba la concesión de las ayudas a la no comercialización de las películas en vídeo durante un periodo de tiempo determinado tras su estreno comercial en salas de exhibición.

Prestaciones para Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula el procedimiento, las condiciones y el reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia del personal al servicio las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2011.

Soraya Sáenz de Santamaría ha argumentado que, con esta medida, el Ejecutivo atiende la reclamación de este colectivo y asimila a «estos trabajadores públicos con el resto de los trabajadores españoles». «La Seguridad Social se hará cargo por primera vez de las pensiones derivadas de incapacidad o fallecimiento en acto de servicio», ha subrayado.

La principal novedad radica en que en el procedimiento de reconocimiento de las prestaciones intervendrán tanto los órganos médico periciales dependientes del Ministerio de Defensa o del Interior como los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El INSS queda, en todo caso, vinculado a la resolución de Defensa o Interior que declare la existencia de lesiones determinantes de una incapacidad permanente total.

Si la incapacidad o el fallecimiento se produjeran en acto de servicio, el Ministerio de Defensa o el del Interior declararán la situación, percibiendo el interesado o sus beneficiarios la misma pensión extraordinaria que, hasta la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, le hubiese reconocido Clases Pasivas. Esta pensión correrá a cargo del presupuesto de la Seguridad Social hasta la cuantía que corresponda conforme a este sistema, mientras que la diferencia hasta el importe que le hubiera correspondido según Clases Pasivas será a cargo del presupuesto del Estado.

Impulso de las energías renovables

El Consejo de Ministros ha adoptado igualmente un conjunto de decisiones destinadas a la protección del medio ambiente. Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado la coincidencia de estas iniciativas con el comienzo esta semana de la Cumbre del Clima de París.

En primer lugar, el Ejecutivo impulsa el uso de los biocarburantes en el transporte mediante el establecimiento de los objetivos mínimos para el periodo 2016-2020. El porcentaje que fija el Real Decreto aprobado hoy asciende gradualmente desde el 4,3% en 2016 hasta el 8,5% en 2020. La norma incluye asimismo medidas para fomentar la eficiencia energética, entre las que destacan las orientadas a que los consumidores estén mejor informados sobre sus consumos de gas y electricidad.

La portavoz del Ejecutivo ha afirmado que el uso de los biocarburantes es un elemento clave para lograr que las energías renovables supongan el 20% del total en el año 2020. España, ha añadido, ya alcanzó un porcentaje del 17% en 2014 y con esta nueva norma se situaría en el entorno del 19%. «Tenemos una senda amplia para poder cumplir de sobra los objetivos» en este campo, ha concluido.

También en materia medioambiental, el Consejo de Ministros ha autorizado el pago de un millón de euros correspondiente a la dotación inicial del Fondo Verde del Clima que, como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, es el gran instrumento financiero de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático. Además, ha destinado seis millones de euros a la sexta reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que promueve el desarrollo económico sostenible.

Registro Estatal de Enfermedades Raras

Entre los acuerdos del Consejo de Ministros de carácter social, la vicepresidenta ha destacado la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras. Sáenz de Santamaría ha explicado que en España hay unos tres millones de personas, la mayoría niños y adolescentes, afectadas por alguna de las 7.000 patologías diferentes de enfermedades raras (que son aquellas que generan peligro de muerte o de invalidez crónica y tienen una prevalencia menor de cinco casos por cada diez mil habitantes).

El objetivo del Registro es contar con un censo de pacientes que ayude «a conocer la incidencia de estas enfermedades y orientar su planificación y su gestión sanitaria», ha indicado la portavoz del Ejecutivo. La información obtenida permitirá, además, la evaluación de actividades preventivas y establecer comparaciones entre las comunidades autónomas y con otros países. La vicepresidenta ha subrayado la utilidad de la iniciativa para los proyectos de investigación sobre estas enfermedades poco frecuentes. Una comisión de seguimiento y control velará por el buen funcionamiento del Registro.

También en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo de Ministros ha regulado los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos y el registro español de estudios clínicos.

El objetivo de este Real Decreto es simplificar los trámites, incrementar las garantías para los pacientes y potenciar la transparencia. La legislación española se adapta así a la forma de trabajo que marca el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre ensayos clínicos, de plena aplicación a partir de mayo de 2016.

Marenostrum 4

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Economía y Competitividad a que aporte, en los próximos cuatro años, 34 millones de euros al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

La vicepresidenta ha destacado que este centro albergará en 2016 «uno de los supercomputadores más avanzados del mundo, el Marenostrum 4», que forma parte del proyecto «Partnership for Advanced Computing in Europe» (PRACE), cuyo objetivo es la creación de una infraestructura europea de supercomputación de alto rendimiento. De este modo, España, a través del BSC-CNS, continúa siendo uno de los cuatro socios principales de este importante proyecto.

A juicio de Sáenz de Santamaría, este centro «es un buen ejemplo de colaboración entre administraciones en materia de I+D+i y de gestión compartida y eficiente de recursos entre el Estado, la Generalitat y la Universidad Politécnica de Cataluña».

Asuntos de actualidad

Preguntada acerca de las elecciones en Venezuela, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado el apoyo del Gobierno a la presencia como observador del expresidente Rodríguez Zapatero, y ha expresado su esperanza en que «sean justas, inclusivas y transparentes» y que todos los candidatos «puedan pedir el voto en libertad» y los ciudadanos ejercer su derecho.

Ante la celebración el próximo domingo del Día de la Constitución, la vicepresidenta ha puesto en valor los casi 40 años de «convivencia constitucional» y ha reiterado la determinación del Gobierno en defensa de la unidad de España, la soberanía nacional y el respeto a la ley.