El Gobierno da 48 horas a Puigdemont antes de intervenir las cuentas de la Generalitat
Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales; y, si no lo hace, será el Estado el que asuma el pago de esas partidas.
Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha anunciado este «novedoso y necesario» mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los mismos, con el fin de que no se destine «ni un euro» a financiar «una actividad ilegal», en referencia al referéndum independentista del 1 de octubre, y para garantizar los servicios públicos.
No hay precedentes en nuestro país de una decisión de tal magnitud que el ministro no ha querido calificar como «intervención». «Los titulares pónganlos ustedes», ha señalado.
«No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», ha remarcado Montoro, que ha avanzado que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar estas medidas «extraordinarias» y que seguirán en vigor «mientras los responsables de la Generalitat mantengan esta situación de excepcionalidad».
«El Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas», ha dicho Montoro, para añadir que: «Mientras se sigan negando a cumplir la ley, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos».
El Estado ofrece «seguridad» frente a la «incertidumbre» de la Generalitat
El ministro de Hacienda ha señalado que ante la «incertidumbre» que está generando la Generalitat con su deriva soberanista y su desafío al Estado, al desobedecer las resoluciones judiciales, el Estado ofrece «seguridad».
Preguntado por si cree que la Generalitat ha gastado ya dinero público en la organización de la consulta soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional, Montoro ha explicado que hasta la fecha la Generalitat ha enviado esos informes de gastos requeridos, pero no descarta «a estas alturas» que se haya producido un «falseamiento de documento público».
«Estamos intentando evitar las malas ideas y que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando», ha aseverado el ministro.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció este jueves que ya no enviaría más esos informes a Hacienda, mientras que el Tribunal Supremo mantiene la obligación del Govern de facilitar esa información.
Por su parte, Montoro ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar esa orden del Junqueras.
En la rueda de prensa, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido a los ciudadanos que «confíen» en el Gobierno porque «sabrá evitar» esa consulta que ha repetido: «No se celebrará». Y ha insistido, tal y como hizo Rajoy tras la firma del decreto de convocatoria de la consulta, en que «no se descarta nada».
Ni Méndez de Vigo ni Montoro han querido dar pistas sobre los próximos pasos del Gobierno para evitar las urnas en Cataluña. Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución de suspensión de la autonomía, han dicho: «Paso a paso». Ninguno de los dos lo ha descartado.
El portavoz del Gobierno ha considerado un «sarcasmo» y una «añagaza» la nueva oferta de diálogo lanzada por el presidente de la Generalitat que este viernes ha enviado una carta al Rey y al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que reclama negociar un referéndum. Ha rechazado que Puigdemont pueda ofrecer ahora diálogo «a estas alturas de curso» y cuando lleva meses en una «desobediencia palmaria y continuada».
