SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL

Carlos García 
Médico. Intersindical Canaria

Escribe un periodista en El Día que miento al definir nuestra sanidad como reza en el titular. Nunca miento en mis opiniones sobre temas sanitarios, de los que creo entender sobradamente tras largos 40 años de profesión, especialmente en el entorno de un hospital público. Experiencia sobrada en la materia no me falta y conozco perfectamente el funcionamiento de un gran hospital y de un simple ambulatorio, como lo define el escribiente y, seguro, que con criterios mucho más autorizados y profesionalizados en estos temas que él, porque  dudo de su conocimiento en profundidad  de los mismos en comparación al mío.  Su intento de ofensa de mi persona adjetivándola de izquierdosa, o ranciamente progre, por mis argumentos, definen al que las pronuncia; porque, a la recíproca, podría yo opinar que sería, tal vez peor, esa respuesta de talante derechoso y cutre , proveniente del firmante Ricardo Peytaví, a la que nos tiene acostumbrados. Pero cada cual con sus libres pensamientos y opiniones, respetuosos, aunque no compartidos.

En el actual estado español, la sanidad está considerada como un derecho ciudadano universal y, desde la Ley General de Sanidad de 1986, hasta la Ley de Salud Pública de 2011, se mantiene en ese intento. Y creo, taxativamente, en la existencia  de un derecho a la asistencia sanitaria pública, universal y gratuita, que es una exigencia del artículo 43.1 de la Constitución Española.
Evidentemente la sanidad pública la sustentamos los ciudadanos con los impuestos directos que salen de nuestros bolsillos, como el IVA, IRPF, IS, carburantes,  y de los indirectos, junto con los presupuestos generales del Estado, pues hace muchos años la dejamos de financiar con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social y ya no es una contraprestación a lo cotizado sino un derecho instituido.  La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud impone el marco legal que garantiza la equidad del sistema y asegura su universalidad,  igual que la Ley General de Salud Pública que extiende la cobertura a todas las personas. Y son, hoy en día, las Comunidades Autónomas las responsables y competentes para esta prestación sanitaria.

Porque estas afirmaciones mías  también las realizan gobernantes del PP, el propio presidente Rajoy o el de la Comunidad Autónoma de Madrid, a los que,  dice Peytaví,  ataco, olvidando que realizo mis críticas, normalmente, a los gobernantes de cualquier facción política sin importarme su color e ideología en materias que atenten contra el derecho a la salud de los ciudadanos, porque no soy ni ejerzo la política.

Pero desde la propia Organización Médica Colegial, poco sospechosa de izquierdosa,  se dice lo mismo, tildando de posiblemente inconstitucional la exclusión de prestaciones sanitarias públicas a cualquier sector de la población, reiterando que la gestión del Sistema Nacional de Salud y de las distintas autonomías “no es la adecuada, siendo imprescindible afrontar su cambio para mantener la calidad del sistema, considerando realizar esta gestión  fundamentándola en criterios profesionales y científicos y no exclusivamente políticos ni economicistas, no compartiendo las medidas de recortes indiscriminados que se vienen aplicando”. Además de defender, por encima de otra conveniencia, el deber Deontológico que todo médico tiene con el paciente y el cuidado de su salud ante cualquier otra, que es lo que yo pretendo.

Cuando decimos que la sanidad es gratuita, queremos expresar que tenemos una sanidad gratuita en el momento de la asistencia, al recibir el servicio y la prestación, hoy por hoy, minusvalorada desde el Co-pago, o mejor, Re-pago,  por las veces que pagamos por nuestra atención a la enfermedad. Pero intentar confundir aseverando que la gestión de una empresa privada en la sanidad pública  es siempre más racional, es, esta vez sí, mentir. Porque nadie puede avalar y demostrar que el sector privado sea habitualmente más eficiente o efectivo, ni siquiera más barato, porque  su calidad parece ser menor en los sectores privados con ánimo de lucro. En los Estados Unidos se ha demostrado que la mortalidad para el mismo tipo de pacientes es mayor en dicho sector. Y con la privatización, se tiende a no poseer  datos publicados con  los que evaluar sus resultados y se propende atender a grupos con mayores ingresos y menores necesidades sanitarias, teniendo tasas más altas de procedimientos potencialmente innecesarios.

Hoy, desgraciadamente, tenemos una sanidad menos universal y gratuita a pesar de la importancia de los sistemas sanitarios como motor del desarrollo social y económico de los países. Hemos retrotraído el sistema  al modelo de los años 1970, siendo francamente regresiva con las nuevas disposiciones dejando de ser un derecho básico y fundamental para los ciudadanos. Han cambiado el actual sistema nacional de salud modificando sus propios fundamentos. Y ante eso, Sr. Peytaví, hay que oponerse, manifestarse, salir a la calle, alzar la voz y defender y luchar por lo obtenido desde hace décadas atrás. Y sí; yo seguiré proponiéndolo, quiméricamente, con pacifismo generalizado a pesar de su incomprensión, lo diga quien lo diga, un periodista de El Día, a mi entender politizado, o el propio Joseph Pulitzer. Y yo no miento, solo digo y argumento con datos objetivos lo que expreso.

Termino diciéndole que me gustó mucho la definición que hace de mí de “sindicalista intersindicado”-¡bonito ¡- Estoy orgulloso de representar a los trabajadores sanitarios, por los que fui elegido democráticamente, y luchar por la defensa de los derechos ciudadanos, pese a quien le pese, sin ningún intento de lucro personal.
Y pongo fin a la polémica porque llevo las de perder contra un columnista diario que tiene esa opción en su mano. Yo solo dispongo de opiniones, en una colaboración puntual esporádica, agradecida no obstante en éste periódico, pero nunca comparable entre ambos.