La Laguna impulsa una simplificación de las ayudas a la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial para agilizar su tramitación y pago
La medida mantiene las ayudas y sus objetivos de conservación del patrimonio, al tiempo que busca reducir duplicidades administrativas y favorecer una gestión más ágil de futuras convocatorias
La Comisión Plenaria de Ordenación del Territorio y Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, integrada por representantes de todas las formaciones políticas con presencia en la Corporación municipal, ha aprobado la derogación de la Ordenanza específica reguladora de las ayudas a la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial, del año 2020, con el objetivo de que estas subvenciones pasen a regirse por la Ordenanza General de Subvenciones, vigente desde mayo de 2025, así como por las bases específicas de cada convocatoria.
La propuesta parte de la experiencia acumulada durante la aplicación de esta línea de ayudas y persigue simplificar los procedimientos administrativos asociados a su gestión. Con este cambio, el Ayuntamiento pretende eliminar duplicidades normativas, unificar criterios de tramitación y facilitar una gestión más eficiente de futuras convocatorias, manteniendo, al mismo tiempo, los requisitos, controles y objetivos de protección del patrimonio que caracterizan estas subvenciones.
Entre las cuestiones detectadas durante la aplicación de la ordenanza específica, figuran determinadas dificultades derivadas de los plazos necesarios para completar algunos trámites urbanísticos vinculados a las actuaciones subvencionables, la gestión presupuestaria de convocatorias, cuya ejecución se extiende más allá de un único ejercicio económico, y los tiempos requeridos para culminar la justificación de las ayudas una vez ejecutadas las obras.
La propuesta plantea que las futuras convocatorias continúen contando con bases específicas adaptadas a las características de los inmuebles protegidos y a las singularidades de las actuaciones patrimoniales subvencionables. De este modo, los criterios técnicos de valoración, los requisitos de protección patrimonial y las condiciones de acceso a las ayudas seguirán definiéndose de forma específica para cada convocatoria.
Tras el dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio, la propuesta deberá someterse a la aprobación inicial del Pleno municipal y, una vez adoptado dicho acuerdo, se abrirá el correspondiente periodo de información pública para la presentación de alegaciones o reclamaciones. Finalizado este trámite y resueltas, en su caso, las observaciones que pudieran formularse, la derogación podrá elevarse a definitiva y entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Mientras tanto, las ayudas continuarán rigiéndose por la normativa actualmente vigente.
