Podemos exige al Gobierno de Canarias que escuche las últimas protestas por la vivienda y declare ya las zonas tensionadas
Podemos Canarias reclama al Ejecutivo autonómico que tramite las zonas tensionadas y responda con medidas concretas a la crisis habitacional
Podemos Canarias exige al Gobierno de Canarias que responda a la crisis de vivienda mediante la aplicación de las herramientas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. La formación considera que la acampada iniciada este fin de semana en la Puerta del Sol y la multitudinaria manifestación del sábado en Las Palmas de Gran Canaria, deben servir para volver a situar la emergencia habitacional en el centro del debate político.
La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo autonómico ante las dificultades de acceso a una vivienda. «El Gobierno de Canarias debería darse por aludido ante lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol. La desesperación por la vivienda no termina en Madrid. En Canarias, miles de familias y jóvenes conocen perfectamente qué significa buscar un alquiler que puedan pagar», ha declarado. Santana sostiene que existe una contradicción entre reconocer públicamente una emergencia habitacional y no culminar la aplicación de instrumentos previstos para las zonas con mayores tensiones de precios. «No basta con repetir que existe un problema. Gobernar significa utilizar las competencias y las herramientas disponibles para intentar resolverlo», ha añadido.
Podemos Canarias pone el foco en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. La legislación canaria atribuye expresamente a la persona titular de la consejería competente en vivienda la capacidad de declarar estas zonas cuando concurren los requisitos legales. El procedimiento comienza mediante solicitud municipal y contempla posteriormente la intervención del Ejecutivo autonómico. Para Santana, este marco deja clara la responsabilidad institucional: «El Gobierno no puede presentar la vivienda como una prioridad y, al mismo tiempo, mantener bloqueadas medidas que dependen de su propia actuación. Esa contradicción tiene consecuencias sobre personas que cada mes hacen números para pagar el alquiler».
La concejala de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño,
a señalado la situación de la capital como ejemplo de ese choque entre el discurso institucional y la actuación administrativa. El Ayuntamiento solicitó en mayo de 2024 la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado y, en marzo de 2026, remitió documentación adicional requerida por la Consejería de Vivienda. Según el informe municipal, el 77 % de la población reside en distritos donde existe sobreesfuerzo para acceder a la vivienda. El alquiler medio exige el 30,97 % de la renta de los hogares y los precios habrían aumentado un 29,4 % desde 2019.
«Las Palmas de Gran Canaria ha presentado documentación y ha acreditado técnicamente la gravedad del problema. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Canarias», ha afirmado Martínez Soliño. «No resulta coherente declararse preocupado por el precio de la vivienda mientras se demora una herramienta diseñada precisamente para actuar en mercados tensionados. Cada retraso administrativo se produce mientras hay familias buscando casa, jóvenes aplazando su emancipación y personas destinando una parte creciente de sus ingresos al alquiler», ha añadido.
Podemos Canarias reclama al Ejecutivo autonómico que tramite los expedientes pendientes con las garantías previstas legalmente y que explique públicamente qué actuaciones está realizando. La formación defiende que las declaraciones de zonas tensionadas deben acompañarse de un aumento sostenido del parque público, alquiler asequible y medidas de protección para hogares vulnerables. «El Gobierno de Canarias tiene competencias, dispone de instrumentos legales y tiene solicitudes encima de la mesa. Lo que corresponde ahora es responder y asumir la responsabilidad que le toca», ha concluido Santana.
