Sí se puede demanda un plan de choque y la declaración de la emergencia habitacional en Canarias ante el «abrumador» aumento del sinhogarismo

Sí se puede ha exigido la puesta en marcha urgente de un plan de choque en materia de atención a la emergencia habitacional en el Archipiélago. Vanesa Martín, portavoz de la organización en Canarias, ha demandado retomar de manera inmediata las acciones de mejora en la atención a las personas sin hogar, ante un problema social en aumento que califica de estructural.

Desde la organización recuerdan que, según el último informe de Cáritas, la crisis de la vivienda en Tenerife ha provocado un grave empeoramiento de las condiciones de vida, empujando a unas 2.853 personas a una situación de exclusión residencial extrema. Estas personas se ven obligadas a subsistir en recursos alojativos públicos, vehículos adaptados, chabolas o directamente a la intemperie.

La realidad en la isla es especialmente cruda: la gran mayoría de las personas sin hogar no cuenta ni siquiera con un alojamiento precario. Casi la mitad del colectivo (el 47,7%) pasa la mayor parte de su tiempo en espacios públicos y exteriores, sin un techo bajo el que refugiarse de las inclemencias del tiempo, dependiendo —en el mejor de los casos— de la oportunidad de pernoctar en un albergue o refugio nocturno.

A pesar de los reiterados intentos institucionales desde principios de siglo por abordar esta problemática, la formación lamenta que no se ha logrado reducir la cifra de personas afectadas, siendo testigos de un aumento abrumador de los casos. El colectivo en exclusión residencial severa (identificado por la tipología Ethos I) sufre una invisibilización extrema, normalizada por una etiqueta institucional y social vinculada a la cultura de la pobreza.

Vanesa Martín destaca que fue gracias a las mayorías de progreso alcanzadas en las instituciones en 2019 cuando se impulsaron, por primera vez, estudios básicos sobre esta realidad, ya que antes de esa fecha no existían análisis diagnósticos al respecto.

La contundencia de los datos obtenidos y el incremento de la inversión social facilitaron en su momento un proceso de colaboración entre administraciones clave, como el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, junto a los municipios con mayor necesidad. En este contexto, Sí se puede insiste en que sigue siendo imprescindible una implicación insular firme para el desarrollo de centros de atención comarcales, ampliar la oferta de albergues y los programas de atención en la calle, así como dotar de recursos específicos y adecuados para situaciones complejas, como las vinculadas a la patología dual.

Para la organización ecosocialista, el sinhogarismo se transforma en una «auténtica pandemia» al darse en un territorio limitado y de alto interés especulativo. Vanesa Martín critica con dureza el modelo socioeconómico actual: «La vivienda no se considera un derecho ni una necesidad básica, sino un bien económico de inversión. Esto limita no solo el acceso a un derecho fundamental, sino también el ejercicio del derecho a la salud, a la participación social y al desarrollo del proyecto de vida de cada persona».

Sí se puede tacha de «enorme fracaso» las políticas promovidas por el actual ejecutivo de CC-PP. Según la portavoz, los datos de gestión son «escalofriantes»: del Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias solo se desarrollaron 1.152 viviendas. Es más, los datos del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) correspondientes a 2025 revelan que solo se entregaron ocho viviendas de promoción pública de nueva construcción, mientras la lista de demandantes de vivienda pública supera ya las 34.000 personas. Ante este escenario, recriminan al Gobierno autonómico que no haya tomado ni una sola medida correctora seria, como la declaración de zonas tensionadas, provocando que los precios de compra y alquiler se encarezcan aún más.

La organización entiende que el acceso garantizado a la vivienda es la base indispensable para erradicar o, al menos, minimizar este problema social. Por ello, demandan la articulación de un plan propio para el Archipiélago y la declaración de la emergencia habitacional en Canarias.

Para llevarlo a cabo, exigen un plan de choque que movilice todos los recursos humanos y técnicos disponibles a través de las empresas públicas del sector para ampliar la inversión en materia de vivienda pública, mejorar la inspección del parque de viviendas públicas ya disponibles, abordando de manera prioritaria aquellas que permanecen cerradas. Igualmente reclaman políticas efectivas para limitar la venta de segundas residencias vacacionales a población foránea y abordar la recuperación de las aproximadamente 211.000 viviendas que se calcula que se encuentran actualmente vacías y sin uso en Canarias.

Finalmente, la formación ecosocialista defiende que, de forma paralela y hasta que se resuelva la escasez general de vivienda asequible, las administraciones deben facilitar recursos temporales dignos que sustituyan las necesidades habitacionales urgentes, permitiendo así un proceso de normalización y minimización de daños para las personas afectadas.