Representantes de la Oposición de El Rosario se han dado cita ante la Fiscalía Anticorrupción, en los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, para poner en conocimientos del Ministerio Fiscal los indicios de una Presunta Prevaricación Administrativa por parte del Grupo de Gobierno de Ir-Verdes y Sí Se Puede.
Los hechos se remontan a un Pleno Extraordinario que convoca el Grupo de Gobierno el pasado mes de abril donde se aprueba una modificación presupuestaria de 2 millones de euros para proceder a contratar las obras de una EDARI en el Polígono Industrial de San Isidro El Chorrillo (conocido como La Campana).
La puesta en conocimiento de los hechos viene a poner de manifiesto que la contratación de la obra, poco o nada tiene que ver con la emergencia de los vertidos de la costa, pues estos ya habían sido subsanados a principios de febrero de este año y se mal utiliza la vía de la Tramitación por Emergencia del artículo 120 de la Ley de Contratación del Sector Público para adjudicar directamente a la empresa Canaragua un contrato millonario para la construcción de esta EDARI. Al utilizarse esta vía y no la ordinaria para las contrataciones, lo que se consigue es una adjudicación directa sin llevar a cabo una licitación pública de la obra en la que puedan participar otras empresas con ofertas mucho más económicas y respetuosas con el Medio Ambiente.
Se trata de un expediente con muchas lagunas, que se lleva al Pleno sin informe técnico alguno que lo avale.
En un principio, el Grupo de Gobierno, propone una opción Modular de 700.000€ y finalmente lleva al pleno una propuesta de Obra Civil de 2.000.000 de euros, sin asesoramiento alguno mas que el de la propia empresa que está llevando a cabo la obra actualmente.
Es por lo que esta oposición ve indicios de supuestas intenciones que van más allá de la solución del problema y ha decidido tomar la iniciativa de presentar ante Fiscalía Anticorrupción una exposición de hechos que la misma tendrá que valorar.
Así mismo, queremos señalar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 262 nos obliga, como cargos públicos, a dar conocimiento de cualquier indicio de hecho delictivo.
El Grupo de Gobierno, desde el principio, ha rechazado la vía del consenso y el diálogo, es por ello que la Oposición de El Rosario no tolerará que los vecinos de nuestro Municipio sean los perjudicados a la hora de gestionar el Ayuntamiento.
