Pide en un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que se añada ese delito
Según ha informado RTVE, La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.
El Ministerio Público ha presentado un escrito [ver el documento en pdf fiscal_procesados_1O ], ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos a la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont.
En concreto, el fiscal pide que se investigue entre otros cargos de la Generalitat al exsecretario de Difusión y actual secretario de Comunicación Antoni Molons, al ex secretario general de la Conselleria de Presidencia Joaquin Nin y al actual director general de Comunicación Jaume Clotet, por haber actuado «de forma concertada y permanente en el tiempo» para conseguir «por vías delictivas» la secesión de Cataluña de España mediante su «aportación individual y jerarquizada».
Un «plan común» para el referéndum del 1-O
En su escrito el fiscal señala que existió «un plan común» de las personas a las que ya se investiga y cada una «dentro de sus competencias» contribuyó «de manera decisiva» a la celebración del referéndum hacia la independencia y que incluso llegó a producirse el 21 de abril de 2017 «un acto de compromiso con el referéndum».
Además describe como «elementos configuradores» de ese delito de organización criminal citando la sentencia del Tribunal Supremo 808/25, del 23 de junio de 2005.
Esos elementos serían, según la Fiscalía, la jerarquía, por la participación del presidente, el vicepresidente y de altos cargos de la Generalitat, la pluralidad y el reparto de papeles por haber seguido las directrices de los distintos departamentos del Govern, el «objetivo delictivo» de celebrar el referéndum y las resoluciones por las que hicieron uso de fondos públicos, y la «permanencia en el tiempo» por el «firme propósito exteriorizado» desde 2012 por la Generalitat de celebrar «una consulta refrendaria».
