El Tribunal de Cuentas ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado porque duda sobre la legalidad y suficiencia de los avales del Instituto Catalán de Fianzas -perteneciente a la Generalitat- para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 ex altos cargos del Govern encausados por promocionar el ‘procés’ en el exterior con dinero público a través de las llamadas ‘embajadas catalanas’ y del Diplocat.
En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas explica este martes que tiene dudas sobre si estos avales «pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave» ya que los está asumiendo la «propia Administración Autonómica perjudicada» por el uso de dinero público para promocionar el ‘procés’. Por este motivo, la delegada instructura del Tribunal ha solicitada a Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
El 6 de julio, la Generalitat aprobó por decreto la creación de un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a estos exmiembros del Ejecutivo catalán a través del ICF en caso de que ningún banco los avalara, como finalmente ocurrió. Y aunque tras el ‘no’ de las entidades financieras privadas hubo un primer momento en el que se descartó usar el Instituto Catalán de Finanzas como plan B, finalmente la Generalitat rectificó tras algunos desencuentros entre miembros del Govern.
El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas a 34 ex altos cargos catalanes expiraba la medianoche de este lunes y el Tribunal de Cuentas debía decidir si los aceptaba, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente a la Generalitat catalana, informa Efe. Entre los ex altos cargos están los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el ex secretario general de Diplocat Albert Royo y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell.
29 de los 34 encausados recurren el Instituto Catalán de Fianzas
El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales procedentes del ICF de 29 de los 34 encausados por vía telemática, mientras que según señalaron fuentes de la consellería de Economía, otros cuatro rehusaron acudir al ICF y habían optado por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.
El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y ha avisado de que una vez terminado el plazo el Tribunal emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.
En todo caso, el Gobierno de Pere Aragonès ya avanzó este lunes que si los avales del ICF eran rechazados por el Tribunal de Cuentas, explorarían un plan alternativo.
