El Partido Popular presentó en el pleno del pasado mes de marzo una moción en la que solicitaba el estudio de la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
El Partido Popular de La Laguna exige al grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna el dar cumplimiento al acuerdo plenario alcanzado en la sesión celebrada el pasado mes de marzo, relativo al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
“La sentencia del Tribunal Constitucional ya fue advertida por el Partido Popular hace meses, cuando el órgano reconocía la inconstitucionalidad de una norma foral vasca y el correspondiente derecho a la devolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), recaída en una liquidación de un caso concreto de Guipúzcoa, que conllevaba confusión entre los ciudadanos en cuanto a posibles reclamaciones de las cantidades satisfechas cuando se consideren que no existió tal plusvalía, en el sentido de revisar las liquidaciones efectuadas en los últimos años para averiguar si la liquidación del Impuesto ha recaído en algún tipo de transacción jurídica (compra-venta, donación o sucesión) en la que se haya producido una disminución del valor con respecto al de adquisición del bien inmueble”, explica el portavoz de los populares, Antonio Alarcó.
A finales del pasado mes de febrero, los populares advertían de que aunque de momento no sea aplicable en otros ayuntamientos la sentencia del Constitucional sobre el impuesto en el País Vasco, sí era previsible que el Tribunal volvería a pronunciarse ya con carácter general, algo que finalmente ha ocurrido.
“Hay algo que debemos tener todos muy claro, y es que el Ayuntamiento de La Laguna y su equipo de gobierno deben saber que los acuerdos plenarios están para cumplirse, y sin ningún tipo de miramientos. Si se aprueban, deben cumplirse, guste más o guste menos”, sentencia Antonio Alarcó.
Meses atrás la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitía una circular en la que recomendaba esperar al informe que emita la Dirección General de Tributos, a la vez que negociaba con el Gobierno de España la reforma de la financiación local, de forma que ya se ha creado la Comisión de Expertos para su estudio.
