El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de impugnación contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura, a pesar de que no tiene el respaldo del Consejo de Estado que este jueves dijo al Ejecutivo que discrepa sobre el momento elegido para oponerse a esta sesión plenaria que está prevista para el 30 de enero.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el recurso se presenta «con todo el respeto al Consejo de Estado» cuyo informe «no es vinculante», ha recordado, para añadir que el Gobierno considera que tiene «argumentos legales suficientes para evitar que el señor Puigdemont, que se encuentra huido, pueda continuar con este desafío a la legalidad y la democracia».
“El Consejo de Estado nos da sus opiniones, tiene función de asesoramiento. No nos da instrucciones y a nosotros nos toca gobernar”, ha querido dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha quedado aprobado este recurso de inconstitucionalidad.
Preguntada sobre si ha causado sorpresa en La Moncloa el revés del informe desfavorable, ha insistido en la misma línea: «El Gobierno sabrá qué medidas toma, cómo las toma y cuándo las toma, porque para eso es el Gobierno»
“El señor Puigdemont no tiene libertad para ir al Parlament“
«El señor Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves como la rebelión, sedición y malversación y no puede ser investido presidente de la Generalitat. No tiene libertad para ir al Parlament», ha afirmado la número dos del Ejecutivo, que ha defendido que el Gobierno haga uso de «todas las herramientas jurídicas» porque «entre sus obligaciones está defender España» ante un «huido» que «se niega a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo».
Por estos motivos, ha dicho, «respeta» los consejos jurídicos que da el Consejo de Estado pero su dictamen no es «vinculante para el Gobierno» y prefiere presentar ya el recurso ante la posibilidad de que «se produzca un daño al Estado de derecho que posteriormente no pueda ser solventado».
Este órgano consultivo considera que los argumentos del Ejecutivo se basan en «hipótesis» en las que se da «por seguro» la incomparecencia de Puigdemont en el Parlament. Además, asegura que la pretensión del Gobierno de abortar la investidura entra dentro de las impugnaciones «preventivas o hipotéticas».
