LAS JUBILACIONES EN SANIDAD
Carlos García. Médico.
Intersindical Canaria
Al amparo de la Ley General de Presupuestos de Canarias recientemente aprobada por el Gobierno Autónomo, y en aras de la racionalización del personal del sector público, y aplicando el plan económico-financiero 2012-2014, se ha aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud( SCS).
La Ley establece que en tres meses finalizarán las prolongaciones de permanencia en servicio activo ya autorizadas o reconocidas en vía judicial y administrativa, motivo por el cual, a 31 de Marzo próximo, decenas de facultativos médicos quedarán jubilados, de sus actividades asistenciales.
Dicen los responsables políticos del SCS que se priorizará la contratación de nuevos especialistas en lugar de prorrogar la contratación de los que superen los 65 años de edad, suponemos que para evitar el colapso del sistema de salud. Dijo el Consejo de Gobierno que esta aplicación renovará las plantillas sanitarias para adecuar los recursos humanos a las actividades de prestación de servicios sanitarios, y así propiciar la contratación de especialistas jóvenes, evitando su fuga a otros países y dando cobertura laboral a las demandas de los que finalizan su periodo de especialización.
Conociendo a los que nos gobiernan, que mienten mas que hablan, y me remito a las hemerotecas, tribunas, promesas electorales, folletos programáticos y a un sin fin de palabrería continua, con ofertas de todo tipo, ya sean de edificación de hospitales públicos en el norte y sur, de creación de centros, de disminución de listas quirúrgicas, de una magnífica gestión sanitaria, y bla, bla, bla, me apuesto con todos a que, nuevamente, se trata de una promesa que no cumplirán, y que no veremos cubrir con nuevos médicos a los que jubilan . Solo en mes y medio veremos si realizan contrataciones a especialistas jóvenes que mantengan cubiertos los servicios que prestan los que fuerzan a jubilar. Porque, solo en el Hospital Universitario de Canarias, son casi veinte médicos asistenciales los implicados, sin sumar a otros tanto docentes, con plazas vinculadas asistenciales, aunque estos están fuera del ámbito de la ley ya que se les permite mantener ambos trabajos, el asistencial y el docente, en una discriminación que nadie entiende, que fue impuesta en la mencionada Ley por el Presidente Rivero, rompiendo un pacto con el PSOE, y que fue presentada en el Parlamento por el consejero Ruano en el momento de la votación, y que sacaron adelante con la perplejidad de algunos representantes socialistas y parte de diputados de Coalición Canaria. Unos pueden permanecer hasta los 70 años y otros hasta los 65 años.
Estaría de acuerdo con el Gobierno canario si fuese verdad, de la buena, lo que expresan. Si con la jubilación forzosa a los 65 años esas plazas fueran utilizadas para contratar desempleados, fundamentalmente jóvenes, bienvenida sea la medida. Pero lo dudo. Y si no, tiempo al tiempo.
Los ciudadanos conocemos la precariedad en que se encuentra la sanidad pública de Canarias. Y esta nueva situación, dejará vacantes asistenciales que será prioritario cubrir para evitar un mayor y profundo debacle en la atención de los pacientes.
El otro aspecto a considerar es el jurídico. Porque casi todos estos futuros jubilados tienen regularizada su situación, bien por sentencias judiciales o por concesiones administrativas del propio SCS, hasta los 70 años, en aplicación de anteriores leyes y normativas y parece ser ilegal la aplicación de la medida. Por lo menos así lo dicen las fuentes jurídicas consultadas. Incluso, un estudio del gabinete jurídico del propio Consejo Económico y Social de Canarias.
Esto traerá, sin duda alguna, numerosos litigios de los afectados que interpondrán recursos ante la aplicación de la medida y que, acabarán con indemnizaciones cuantiosas. Pero a esto ya nos tienen acostumbrados nuestros representantes políticos en el poder. Pagarán con dinero que no es suyo, a costa de todos, por no hacer caso a los estudios que ellos mismos solicitan de los especialistas en la materia. Y de esa forma, ese dinero, en vez de ir a mejorar servicios públicos, servirá para pagar errores de gobierno.
En contraposición, la edad de jubilación nacional y europea aumenta. Ahora ya hasta los 67 años. Y, en este Estado, el déficit de la Seguridad Social es evidente, disminuyendo los fondos de pensiones acumulados. Porque mientras antes jubilen, y con el paro existente, menos cotizaran para el resto de pensionistas. Hoy trabajan 1,99 personas que cotizan para mantener a 1 pensionista.
Mientras, el resto de aspectos recomendados por el Gobierno para la gestión en Sanidad con el objetivo de estabilidad presupuestaria no se cumplen. Decían eliminar jefaturas de guardia y reorganizarlas abarcando dos centros sanitarios, evitar duplicidades de servicios y no lo aplican. Mantienen incentivos en cargos de dirección, guardias a distancias de directivos, reducen altos cargos de gobierno en la ridícula cantidad del 10 % y mucho más. Sí que rebajan los salarios, retiran pagas extraordinarias, despiden a trabajadores o les reducen un 20% de jornada y sueldos, evitan sustituciones, contratos interinos, anulan convenios laborales y vulneran derechos adquiridos. Siempre en contra de los trabajadores. Y es que ellos son así. Trabajando en beneficio del pueblo.
