El PSOE exige al Ministerio de Sanidad que sea claro y trasparente con la financiación del Plan de hepatitis C

La secretaria federal de Sanidad del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha mostrado su “incertidumbre” con el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, que “además de no contemplar una memoria económica global que garantice su funcionamiento, no garantiza las facilidades de financiación a las que se comprometió el Gobierno”, un tema –ha añadido- “de vital importancia que ha quedado pendiente en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado hoy”.

Sánchez Rubio ha afirmado que “el gobierno ha dejado que las comunidades autónomas soporten en solitario el pago de los tratamientos para unos 52.000 pacientes, y se pospuso a una reunión posterior el compromiso de garantizar facilidades de financiación a las comunidades autónomas”, lo que supone “un golpe más a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos”.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que “sea claro y transparente con la financiación” y que establezca “tramos autonómicos en los precios de adquisición de los tratamientos, de manera que las Comunidades Autónomas que han empezado ya a tratar a los pacientes con estos fármacos y, por tanto, lo están haciendo más rápido que las demás, no salgan perjudicadas con respecto a las que empiecen después”. En este sentido, la dirigente socialista ha destacado que las Comunidades Autónomas en las que gobierna el PSOE “facilitan desde hace meses estas nuevas terapias” y ha pedido que este hecho se tenga en cuenta a la hora de ejecutar el plan.

“Por nuestra parte –ha añadido– allí donde gobernamos nos comprometemos a gestionar el acceso a los nuevos tratamientos atendiendo a criterios clínicos, como se está haciendo hasta ahora, y sin doblegarnos a los intereses de las grandes industrias farmacéuticas y a garantizar que ninguna persona se quede sin el medicamento que se le haya prescrito por motivos de tipo económico”.

La secretaria federal de Sanidad del PSOE ha insistido en que “lo que seguimos pidiendo desde el Partido Socialista es que se consiga abaratar los precios para no poner en riesgo la sostenibilidad del sistema asegurándonos de que reciban el tratamiento todas aquellas personas que lo necesiten, según criterio clínico”. Y ha vuelto a solicitar al Gobierno de España un fondo “estable y suficiente” que garantice el acceso de forma equitativa y lo haga viable. En palabras de Sánchez Rubio “es incomprensible que el Gobierno haya elaborado un plan sin una memoria económica que contemple la dotación presupuestaria”.

Para Sánchez Rubio, “pedimos al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un compromiso real con los pacientes de Hepatitis C, que dé ejemplo y administre los tratamientos en las Comunidades Autónomas donde gobierna su partido, que –ha añadido- ayer se retrató con el voto en contra de la propuesta para crear un fondo económico que garantizase la sostenibilidad y estabilidad de la estrategia”.

Respecto a los sucesivos “recortes en sanidad a golpe de Real Decreto Ley”, Sánchez Rubio ha vuelto a exigir hoy, con firmeza, la restitución de la sanidad pública universal, una exigencia que, según ha asegurado, se compromete a “repetir todos los días y en todos los foros, hasta que el Gobierno de España derogue el Real Decreto Ley 16/2012, que ha excluido de la asistencia a casi 900.000 personas en el conjunto del país”.

La también Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía ha realizado estas declaraciones con motivo de la celebración del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se ha tratado el desarrollo del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. En palabras de Sánchez Rubio, “nos oponemos rotundamente a esta normativa, como ya nos opusimos frontalmente al Real Decreto ley 16/2012, que fue aprobado de espaldas a las Comunidades y a la ciudadanía y rompió la universalidad de la sanidad pública en nuestro país”.

Sánchez Rubio ha recordado que estas normas “han supuesto un cambio de modelo y un retroceso respecto a la Ley General de Sanidad, en tanto que hasta 2012 el derecho a la salud estaba ligado a la condición de ciudadanía, las personas tenían derecho a la sanidad pública por el mero hecho de nacer; y ahora, desde que gobierna la derecha, solo accede al sistema quien es asegurado”.

Para la secretaria federal de Sanidad del PSOE, este desarrollo normativo “no aporta nada positivo, ni a nivel de gestión, ni administrativamente, ni genera ahorro alguno, por lo que solo puede tener un fin: romper el sistema tal y como lo conocíamos, deteriorarlo para después privatizarlo y, sobre todo, dejar fuera del sistema a ciertos colectivos de población”.