«El Gobierno de Canarias ha entregado una vivienda a un total de 1.172 familias con dificultades», la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, facilitó estos datos en Comisión parlamentaria a propósito de una comparecencia solicitada por el Grupo mixto sobre la política de Vivienda. Rojas expuso en su intervención cómo se han redirigido las actuaciones en este departamento para atender las nuevas necesidades de los colectivos para acceder a la vivienda a través del fomento del alquiler social.
Rojas señaló que la empresa pública VISOCAN ha reformulado sus actuaciones para priorizar el alquiler. «Si hace años construía viviendas protegidas –explicó- para la venta ahora ha optado por movilizar su parque de viviendas entre las familias con escasos recursos en alquiler»
«Este viraje ha supuesto que desde el año pasado la empresa pública del Gobierno haya alquilado hasta el mes de noviembre un total de 835 viviendas que construyó para la venta pero ante la imposibilidad de la ciudadanía de acceder a créditos hipotecarios y la desaparición de ayudas estatales para la compra y la entrada, se reconvirtieron para alquilar a familias isleñas con dificultades económicas». El resto de las viviendas se han alquilado a través del Instituto Canario de la Vivienda a través de las segundas adjudicaciones o la entrega de viviendas contraídas por el Gobierno y destinadas al alquiler.
Rojas explicó que esta reconversión obligó a la empresa a renegociar todos los créditos hipotecarios que se solicitaron a los bancos para construir las viviendas y que en el caso de la venta hubieran pasado a las familias.
«Al movilizar las viviendas en alquiler, en lugar de en venta, los créditos hipotecarios que se establecieron con las entidades bancarias para su construcción no pasaron a las familias como es lo habitual y los tuvo que seguir asumiendo VISOCAN que ya ha renegociado su pago con todas las entidades privadas»
«Asumimos una dificultad –añadió- con estos créditos hipotecarios, pero con esta opción, las viviendas no están vacías y han pasado a familias con dificultades económicas que de ninguna manera podían asumir la compra o el alquiler de una vivienda en el mercado libre»
La empresa pública VISOCAN gestiona en la actualidad el alquiler de 5.361 viviendas en propiedad de las que 4.527 son a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.000 euros) y que por tanto, reciben una subvención que cubre hasta el 99% de la mensualidad.
Nueva Ley de Vivienda. Por último Rojas consideró que el gran colofón a esta política social de vivienda ha sido la aprobación en el Parlamento de la modificación de la ley de vivienda de Canarias.
«Una apuesta definitiva de este Gobierno al lado de las familias y frente a los posibles abusos de las entidades financieras, una ley necesaria porque los desahucios de familias se siguen produciendo», justificó.
La consejera recordó que la nueva normativa tiene como doble objetivo impedir el desalojo de las familias en emergencia social que han sido desahuciadas de sus casas a la par que conocer y movilizar el parque de viviendas vacías existente en Canarias mediante la creación de un Registro de Viviendas vacías del mercado libre.
«Nuestra voluntad es clara –enfatizó- la Estrategia frente a la Pobreza comenzó a aplicarse desde el mismo momento en el que el Gobierno anunció la modificación de la Ley de Canaria de Vivienda, un hito histórico con el que remamos a favor de las familias en emergencia social».
